Mediante la Resolución 166/2026, la Secretaría de Energía eliminó la obligación de ofrecer primero el producto en el mercado interno y fijó un plazo de 30 días para objeciones.
El Gobierno nacional oficializó una modificación integral en el régimen regulatorio de las exportaciones de petróleo, gas y combustibles con el fin de desburocratizar las operaciones y dinamizar las ventas externas. A través de la Resolución 166/2026 de la Secretaría de Energía, se eliminó el requerimiento de tramitar autorizaciones previas y se estableció un sistema basado en la presentación de declaraciones juradas.
Con este cambio, se derogó el requisito implementado en 2017 que obligaba a las empresas operadoras a publicar una oferta de venta previa en el mercado interno antes de gestionar el permiso de exportación. La autoridad energética fundamentó la medida al señalar que el mecanismo previo generaba demoras administrativas sin aportar mejoras sustanciales a la seguridad del abastecimiento doméstico.
Mecanismo de aprobación previa por oposición
El nuevo esquema dispone que las compañías notifiquen sus acuerdos comerciales a la Secretaría de Energía, organismo que dispondrá de un plazo de 30 días corridos para formular objeciones fundadas por razones técnicas o de riesgo de desabastecimiento local. Transcurrido ese período sin observaciones oficiales, la operación quedará aprobada de manera automática.
Asimismo, la resolución dispuso la creación del Registro de Operaciones de Exportación —donde se centralizarán las notificaciones, observaciones y aprobaciones del sector— y dejó sin efecto tres normativas que regulaban el procedimiento previo. La medida se alinea con los principios de libre comercio estipulados en la Ley Bases y el DNU 70/2023.
Crecimiento de Vaca Muerta y superávit comercial
La simplificación normativa se produce en un marco de expansión de la producción petrolera nacional, que superó los 900.000 barriles diarios impulsada por el desarrollo de la formación no convencional de Vaca Muerta, cuenca que ya explica cerca del 69% del total extraído en el país.
Durante el primer semestre del año, la balanza comercial del sector energético registró un superávit cercano a los u$s6.000 millones. El Ejecutivo fundamentó la reforma en la necesidad de adecuar el marco regulatorio al ritmo de ampliación de la infraestructura de transporte y a la escala productiva proyectada para los mercados internacionales.
