El acuerdo estratégico impulsará obras en ferrocarriles, ductos, energía y puertos para conectar Vaca Muerta y la minería del NOA con los mercados internacionales.
Los gobiernos de Argentina y Estados Unidos formalizaron en Nueva York la puesta en marcha del Corredor Andes-Atlántico, un programa integral de infraestructura energética y minera que contempla un paquete de herramientas financieras por hasta U$S 7.000 millones proyectado hacia el año 2027. La firma del acuerdo estuvo a cargo del canciller argentino Pablo Quirno y el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau. El plan prevé la instrumentación de créditos, garantías y seguros de emisión a través de organismos oficiales para impulsar obras en ferrocarriles, ductos, infraestructura portuaria, transporte de energía y telecomunicaciones entre las zonas de producción y los puntos de embarque del litoral atlántico.
Dentro de este esquema, el desarrollo hidrocarburífero de Vaca Muerta figura como uno de los ejes prioritarios para la ampliación de capacidad de transporte de gas y petróleo. En el marco del entendimiento, la compañía YPF confirmó la suscripción de una carta de intención por hasta U$S 6.000 millones apalancada parcialmente por el EXIM Bank para el financiamiento de Argentina LNG, el proyecto de exportación de gas natural licuado que la firma nacional encabeza junto con las empresas Eni y XRG. Las obras asociadas a esta iniciativa iniciarán una vez que se alcance la decisión final de inversión por parte de los integrantes del consorcio.
La segunda línea estratégica del proyecto binacional involucra la extracción de minerales críticos en el noroeste argentino. En ese segmento, la agencia financiera internacional estadounidense DFC participará en el respaldo de proyectos destinados a integrar las operaciones mineras del NOA con las redes de transporte marítimo. El paquete crediticio anunciado por las autoridades no constituye un desembolso directo e inmediato, sino una estructura de liquidez y cobertura para la atracción de capitales privados e instituciones bancarias en las obras de infraestructura.
