El gobierno de Javier Milei solicitó en Hamburgo suspender el proyecto Sea Lion, que cuenta con reservas estimadas en 1.700 millones de barriles de hidrocarburos.
Argentina se presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Hamburgo, Alemania, para solicitar la suspensión inmediata de las actividades hidrocarburíferas impulsadas por el Reino Unido en las islas Malvinas. La delegación nacional, encabezada por el consejero legal de la Cancillería, embajador Mario Oyarzábal, fundamentó la medida cautelar para frenar el desarrollo del yacimiento Sea Lion, cuya explotación comercial proyectan las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum entre 2027 y 2028.
El planteo argentino ante el organismo internacional contempla cuatro medidas cautelares concretas: la suspensión del proyecto en la Cuenca Malvinas Norte, restricciones al uso de datos de exploración, protección contra impactos ambientales y la prohibición de emitir nuevas licencias unilaterales sobre recursos no renovables. Durante la audiencia, Oyarzábal precisó que la demanda invoca derechos bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) para preservar la plataforma continental en disputa y citó el precedente entre Ghana y Costa de Marfil, donde se suspendieron perforaciones en zonas marítimas no delimitadas.
El canciller argentino, Pablo Quirno, fijó la postura institucional del Poder Ejecutivo sobre el reclamo ante el fuero internacional. “Mañana, desde las 6:00 (hora argentina), nuestro país se presentará ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar exigiendo el cese inmediato de las actividades ilegítimas que llevan a la explotación petrolera en Malvinas. No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras pretenden llevarse nuestros recursos. Mañana, en Hamburgo, estamos todos los argentinos. Nos convoca una misma causa: la defensa de nuestra Patria. Y cuando los argentinos nos unimos somos imparables”, expresó el funcionario.
Por su parte, la fiscal general británica, Ellie Reeves, sostuvo que el tribunal carece de jurisdicción sobre el reclamo de soberanía y defendió la potestad del Reino Unido para continuar con la actividad en el Atlántico Sur. Para el desarrollo del proceso arbitral en el tribunal presidido por Maurice Kamga, la parte británica designó como juez ad hoc al especialista Vaughan Lowe, mientras que la representación argentina nombró a Raúl Vinuesa tras la excusación por conflicto de intereses de la vicepresidenta de la entidad, Frida Armas Pfirter.
