La sentencia del 28 de noviembre definirá la paralización cautelar exigida por Argentina para frenar la explotación petrolera británica en la cuenca norte de las islas.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) anunció que el 28 de noviembre de 2026 emitirá su fallo sobre las medidas provisionales solicitadas por Argentina para frenar las obras del proyecto petrolero Sea Lion en las islas Malvinas. Al cierre de las audiencias en Hamburgo, Alemania, el presidente del organismo, Maurice Kamga, estableció un plazo de 17 días de deliberación para que el cuerpo de magistrados resuelva la medida cautelar planteada por la representación argentina contra el Reino Unido. En la sesión de alegatos, el agente argentino Mario Oyarzábal reclamó la suspensión inmediata de toda perforación, la interrupción de la instalación de infraestructura productiva y la abstención británica de otorgar nuevas autorizaciones hidrocarburíferas sobre la plataforma continental en disputa.
La estrategia legal argentina argumentó la inminencia de un daño ambiental irreparable frente al inicio de las perforaciones fijadas para el 21 de marzo de 2027. El asesor Nico Schrijver expuso que la etapa de explotación prevé un ciclo operativo de 30 años con 26 pozos, 60 kilómetros de líneas submarinas y la inclusión de un buque de producción, basándose en informes del operador Navitas Petroleum que proyectan un 90% de probabilidad de que un derrame mayor alcance aguas internacionales hasta los 220 kilómetros al norte del yacimiento. Schrijver emplazó formalmente a los magistrados a asumir la competencia urgente del caso para evitar hechos consumados antes de la constitución del Tribunal Arbitral del Anexo VII: “Una vez perforado el primer pozo de desarrollo, no quedará statu quo que preservar. Ningún tribunal del Anexo VII podrá actuar antes de eso. Este Tribunal sí puede. Si no es ahora, nunca será”.
La defensa del Reino Unido, encabezada por los abogados Amy Sander y Guglielmo Verdirame, rechazó los planteos al sostener que el pedido enmascara una demanda de soberanía territorial ajena a la jurisdicción del TIDM. La representación británica presentó estudios ambientales que califican como “muy improbable” un fallo catastrófico en el buque de producción y estiman el riesgo de reventón durante la perforación en uno cada 20.834 pozos. Asimismo, Verdirame cuantificó el perjuicio económico directo en USD 1.000 millones para la firma Rockhopper Exploration y puntualizó la existencia de USD 865 millones en capitales ya comprometidos, afirmando que una medida cautelar afectaría los derechos financieros de los inversores.
La agente británica Sally Langridge solicitó la desestimación completa de la presentación de Buenos Aires tras rechazar que exista urgencia procesal o vulneración de los artículos de la CONVEMAR. El dictamen del 28 de noviembre resolverá si el consorcio petrolero podrá mantener su cronograma operativo o si la infraestructura en la cuenca norte de las Malvinas quedará congelada hasta la resolución definitiva del litigio en el Tribunal Arbitral.
