La medida de fuerza, convocada para este martes por el gremio de personal jerárquico de Cuyo y La Rioja, rechaza el avance del plan de transferencia de áreas convencionales y denuncia la pérdida de puestos de trabajo.
El Sindicato de Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Cuyo y La Rioja anunció un paro total de actividades en todos los yacimientos de la empresa YPF en la provincia de Mendoza para este martes 30 de junio. La conducción del gremio, liderada por Julián Matamala, argumentó que la decisión responde al avance “inconsulto y arbitrario” del denominado “Proyecto Andes II”, un plan mediante el cual la compañía petrolera transfiere sus áreas convencionales a otras firmas del sector con el objetivo de mudar sus inversiones hacia el yacimiento Vaca Muerta.
Desde la organización sindical denunciaron que esta maniobra esconde un esquema de “desvinculaciones encubiertas” que se ejecuta a través de la baja de contratos con empresas contratistas de la región. Según las advertencias del gremio, la primera fase de la implementación de este plan ya provocó la destrucción de más de 500 puestos de trabajo en territorio mendocino. Ante esta situación, el sindicato acusó de “inacción y desidia” al Gobierno de Mendoza por no exigir garantías que resguarden la estabilidad de los trabajadores locales involucrados en el proceso de transición.
La denuncia sumó un conflicto paralelo contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El gremio petrolero acusó al organismo previsional de rechazar sistemáticamente los trámites de jubilación de los trabajadores con mayor antigüedad en el sector. De acuerdo con lo manifestado por las autoridades sindicales, este bloqueo administrativo impide que el personal en condiciones de retirarse pueda cobrar la Bonificación Extraordinaria por Egreso, un beneficio equivalente a 13 sueldos que se encuentra establecido en el Artículo 55 del Convenio Colectivo de Trabajo 641/11.
La entidad gremial comunicó que la medida de fuerza en las bases operativas se mantendrá firme hasta que se garantice por escrito la continuidad de todas las fuentes de empleo afectadas por la reestructuración.
