Reino Unido blinda el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas

El Parlamento británico difundió un informe técnico que detalla la estrategia legal, comercial y diplomática de Londres frente a las sanciones de Argentina y el inminente fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar previsto para el 28 de noviembre.

La Biblioteca de la Cámara de los Comunes del Reino Unido publicó hace diez días el informe técnico UK-Argentina tensions on the Falklands Islands and oil 2026, elaborado por los investigadores Patrick Butchard, John Curtis y Philip Loft, que sistematiza el plan del primer ministro Andy Burnham para proteger el yacimiento Sea Lion en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas ante la ofensiva argentina. El documento responde a las cuatro acciones impulsadas por Buenos Aires este año —el reclamo ante la ONU, las sanciones económicas contra 60 personas y empresas, la reactivación de la Base Naval de Ushuaia y la solicitud de medidas cautelares presentada el 13 de octubre de 2026 ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM)—, cuya resolución se conocerá el 28 de noviembre.

El yacimiento Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte de las islas y operado por la firma británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, cuenta con reservas estimadas en 1.700 millones de barriles de crudo y prevé iniciar sus perforaciones en enero de 2027 para comenzar la extracción en 2028. De acuerdo con los datos expuestos por la delegación argentina en Hamburgo, el desarrollo abarca hasta 26 pozos submarinos permanentes con una producción total proyectada de 310,5 millones de barriles, frente a lo cual la Cancillería argentina solicitó al TIDM paralizar los trabajos, frenar el otorgamiento de licencias, resguardar el medio marino y evitar el uso de datos de exploración.

Para neutralizar la ofensiva comercial, la ministra para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, publicó en septiembre una guía oficial afirmando que los isleños “tienen el derecho a desarrollar sus recursos naturales como lo consideren conveniente” y que Londres “respalda plenamente” a las firmas del sector, mientras que en octubre el gobierno anunció la aplicación de la ley de Protección de Intereses Comerciales (PTI) para garantizar que “las personas y compañías del Reino Unido que realizan actividades lícitas en torno a las Islas Malvinas puedan continuar tomando decisiones comerciales conforme a la legislación británica”. En paralelo, la fiscal general Ellie Reeves advirtió en Hamburgo que las cautelares argentinas “tendrían consecuencias devastadoras para el pueblo” de las islas al poner en riesgo “miles de millones de libras esenciales para el desarrollo económico”.

El canciller argentino Pablo Quirno explicó ayer en el encuentro Marval Legal Forecast 2027 que el proceso busca determinar las obligaciones bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y advirtió: “Una vez que se saca una gota de petróleo, esa gota no es recuperable”, agregando que “por primera vez en la historia” el país lleva “al Reino Unido a un arbitraje por un tema relacionado con Malvinas” y que “independientemente del resultado que tengamos en la solicitud de medidas provisionales, el arbitraje sigue”. En el plano interno, la Cámara de Diputados de Argentina no alcanzó ayer el quórum de 129 legisladores —reunió 126— para debatir la denominada Ley de Soberanía, iniciativa que contempla multas y suspensiones a operadoras y proveedores, aunque excluye a fondos indirectos y accionistas minoritarios con hasta el 2% tras los planteos de Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump había manifestado en agosto que Washington estaba “revisando” su neutralidad.