La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático provincial controla las fases terrestres y marítimas del consorcio en el Golfo San Matías con la mira puesta en las exigencias europeas.
El Gobierno de Río Negro inició la fiscalización en territorio del cumplimiento ambiental del proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) de la compañía Southern Energy (SESA), el cual se encuentra actualmente en fase de construcción en el Golfo San Matías. Tras haber completado las etapas previas de evaluación de impacto y audiencias públicas —que incluyeron el gasoducto Tratayén-San Antonio Oeste y la conexión submarina de la segunda unidad flotante—, la autoridad ambiental rionegrina activó la etapa de inspección de las obras tanto terrestres como de la infraestructura marítima. El esquema de control dispuesto por la gestión del gobernador Alberto Weretilneck se estructura sobre la base de la fiscalización integral de todo el ciclo, la participación ciudadana y la potestad del Estado provincial para exigir medidas correctivas o aplicar sanciones en caso de registrarse incumplimientos.
El monitoreo oficial comprende el seguimiento de flora y fauna, la protección de ecosistemas marinos y terrestres, la gestión de residuos, la prevención de impactos en áreas intervenidas y la posterior recomposición ambiental de los sectores afectados por las obras en tierra. En el ámbito marítimo, el foco está puesto en la operatoria de las unidades flotantes de licuefacción (FLNG), las cuales operarán frente a la costa sin muelle, mediante un sistema de amarre y carga sumergido, transferencia entre buques metaneros y conexiones submarinas específicas. Este complejo logístico, que sumará un centro de soporte en el puerto de San Antonio Este, es desarrollado por el consorcio integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG.
El avance del emprendimiento cuenta con el marco del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), al cual ingresaron las dos unidades flotantes en 2025 y el gasoducto dedicado —a cargo de San Matías Pipeline— en junio de 2026, por una inversión de 1.300 millones de dólares. Si bien este régimen nacional otorga estabilidad fiscal y regulatoria al proyecto por un plazo de 30 años, la potestad de inspección, exigencia y sanción ambiental permanece bajo la órbita exclusiva de la provincia de Río Negro como autoridad de aplicación.
La fiscalización local adquiere relevancia comercial internacional debido a que Southern Energy prevé realizar sus primeras exportaciones a finales de 2027 con destino a Europa, un mercado condicionado por estrictas normativas ambientales. De hecho, la firma alemana SEFE ya se comprometió a adquirir 2 millones de toneladas anuales de GNL a SESA durante ocho años. A partir del 1 de enero de 2027, la Unión Europea requerirá que el gas importado proceda de regiones que apliquen reglas de medición, reporte y verificación (MRV) de metano equivalentes a las suyas, lo que se puede acreditar alcanzando el nivel máximo del estándar OGMP 2.0 de las Naciones Unidas.
Respecto a la viabilidad del mercado bajo estas normas, existen discrepancias entre los analistas del sector energético. La consultora Rystad Energy estimó que la oferta global capaz de cumplir con dicho estándar superará la demanda europea hacia 2027. Por el contrario, la firma Wood Mackenzie advirtió que una parte sustancial de los nuevos volúmenes de GNL mundiales no llegará a tiempo a la certificación, lo que reducirá el tamaño del mercado efectivamente habilitado para ingresar al continente europeo.
