La administración isleña prorrogó por cinco años los permisos offshore para avanzar con el proyecto Sea Lion, mientras la Cancillería argentina presentó una protesta diplomática e impulsó acciones judiciales.
La administración británica de las Islas Malvinas resolvió prorrogar por un período de cinco años —con la opción de sumar dos adicionales— todas las licencias de exploración e hidrocarburos offshore vigentes en el archipiélago. La medida, respaldada por el Gobierno del Reino Unido y comunicada por Cheryl Roberts, responsable de Comercio, Industria y Recursos Minerales de la administración isleña, busca brindar previsibilidad a los programas de evaluación de las operadoras. Entre los expedientes aprobados figura la cesión del 65% del bloque PL001 a una subsidiaria de la firma israelí Navitas Petroleum.
La prórroga alcanza de forma directa al proyecto Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte de las islas, donde Navitas opera con el 65% de participación junto a la británica Rockhopper Exploration (35%). Tras la decisión final de inversión aprobada en diciembre de 2025, el plan prevé un desembolso inicial de US$ 1.800 millones para alcanzar la primera producción comercial en marzo de 2028, con un flujo estimado de 50.000 barriles diarios sobre un total de 314 millones de barriles de reservas probadas y probables, requerimiento que demandará la perforación de más de 60 pozos submarinos e inversiones posteriores por US$ 2.100 millones.
En contraposición, el Gobierno argentino —encabezado por la gestión del presidente Javier Milei— respondió con la presentación de una nota formal de protesta diplomática ante la Embajada del Reino Unido. El Ejecutivo remarcó la ilegalidad de las concesiones por vulnerar la Plataforma Continental Argentina y contravención de la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, la cual prohíbe las modificaciones unilaterales mientras persista la disputa territorial. Paralelamente, el Gobierno nacional impulsó en septiembre un proyecto para endurecer las sanciones administrativas, civiles y penales contra empresas, proveedores y accionistas del sector.
A la ofensiva diplomática se suma una medida dictada por la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, quien ordenó a las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration abstenerse de continuar o iniciar obras relacionadas con el desarrollo de Sea Lion hasta tanto se efectúe una evaluación de impacto ambiental. No obstante, la aplicación efectiva de la resolución judicial encuentra limitaciones operativas derivadas de las barreras de jurisdicción y la falta de cooperación internacional.
