El oleoducto VMOS y la planta de GNL de Southern Energy representan más de USD 545 millones anuales en beneficios impositivos, aduaneros y financieros en Neuquén y Río Negro.
Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) detalló que los principales proyectos vinculados al desarrollo de Vaca Muerta aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) concentran más de la mitad del costo fiscal anual estimado de este esquema. El análisis pone el foco en dos obras estratégicas radicadas en las provincias de Neuquén y Río Negro: el megaproyecto de gas natural licuado (GNL) de Southern Energy y el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).
De acuerdo con el informe elaborado en mayo de 2026, los doce desarrollos autorizados hasta la fecha dentro del RIGI contemplan inversiones por un total de USD 26.680 millones. Sin embargo, una vez que el régimen de incentivos opere a plena capacidad, el Estado nacional resignará aproximadamente USD 1.069 millones al año en concepto de exenciones y rebajas impositivas. Dentro de ese universo, las iniciativas ligadas a la cuenca neuquina poseen el mayor peso específico, sumando un costo fiscal conjunto que supera los USD 545 millones anuales.
El emprendimiento de mayor impacto es Southern Energy, la planta de licuefacción de GNL que se instalará en la costa rionegrina con participación central de YPF. Esta obra demandará una inversión de USD 15.156 millones y generará un costo fiscal anual estimado en USD 420 millones. Según el CEPA, el componente principal de esta cifra radica en la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias, que disminuye del 35% al 25%, complementado con exenciones arancelarias para la importación de bienes de capital y beneficios asociados al IVA preoperativo.
Por su parte, el oleoducto VMOS, diseñado para potenciar la exportación de crudo hacia el océano Atlántico, prevé un desembolso de USD 2.900 millones. El estudio proyecta que esta obra tendrá un costo fiscal anual de USD 125 millones, desglosado en USD 90 millones por la menor recaudación de Ganancias, USD 15 millones en aranceles de importación no percibidos y USD 20 millones en certificados fiscales destinados al recupero del IVA.
La investigación del centro de estudios advierte que gran parte del impacto en las cuentas públicas tendrá lugar en la etapa inicial de construcción, principalmente entre los años 2025 y 2028, debido a la concentración de beneficios financieros y aduaneros sobre la infraestructura y la importación de equipos. Asimismo, el informe resalta el rol preponderante de YPF, firma que participa de manera directa o indirecta en proyectos que equivalen al 68,5% de las inversiones totales convalidadas bajo el régimen actual.
El documento señala además que ambas obras energéticas habían sido anunciadas públicamente de manera previa a la sanción del RIGI, lo que plantea interrogantes respecto a la necesidad de otorgar incentivos extraordinarios para inversiones que ya se encontraban en la planificación estratégica de las compañías del sector.
Mientras que el Gobierno nacional y las provincias productoras defienden el RIGI como un instrumento indispensable para ganar competitividad internacional, acelerar el ingreso de capitales de largo plazo y consolidar a Vaca Muerta como un polo exportador global, el informe del CEPA concluye que el esfuerzo fiscal asociado representará una carga significativa para las arcas públicas, en medio de un contexto de estricto ajuste fiscal y búsqueda de equilibrio presupuestario.
