La iniciativa impulsada por el diputado peronista José Glinski busca cubrir un vacío regulatorio nacional y exige que las operadoras asuman los costos del cierre de pozos ante el retiro masivo de la cuenca convencional.
El diputado nacional por Chubut, José Glinski, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para obligar a las compañías petroleras que abandonan la provincia a hacerse cargo del cierre de los pozos y de la remediación ambiental de las áreas. La iniciativa se da en un escenario de incertidumbre local por el retiro masivo de operadoras de los yacimientos convencionales de la Patagonia y la migración de las inversiones hacia activos de mayor rendimiento como la cuenca de Vaca Muerta.
El proyecto, denominado Ley de Presupuestos Mínimos para la Remediación de Pasivos Ambientales Hidrocarburíferos y Transición Energética Justa, busca resolver un vacío regulatorio histórico en el país. El texto establece parámetros para fijar una responsabilidad objetiva y solidaria de las empresas operadoras que subsiste aun en casos de cesión, quiebra o disolución de las firmas, y propone transformar las tareas de remediación en una fuente de empleo para las comunidades vinculadas a la actividad hidrocarburífera.
La propuesta legisla un presupuesto mínimo de protección ambiental bajo el artículo 41 de la Constitución Nacional, sin alterar las competencias que tienen las provincias sobre sus recursos naturales. Para garantizar el cumplimiento, el articulado contempla la creación de un Fondo Federal de Recomposición de Pasivos Ambientales Hidrocarburíferos, el cual se financiará mediante aportes obligatorios de las empresas titulares de las concesiones, junto con un Registro Nacional de Pasivos Ambientales Hidrocarburíferos de acceso público y gratuito. Asimismo, se exigirán garantías financieras obligatorias destinadas a cubrir las tareas de abandono, cierre, remediación y monitoreo posterior de los yacimientos, además de pautar un régimen específico para la transferencia de áreas con auditorías técnicas independientes y la acreditación de la solvencia del cesionario.
Este movimiento legislativo coincide con el reordenamiento del sector en Chubut. La petrolera estatal YPF se encuentra en proceso de salida progresiva de sus campos maduros a través de la segunda etapa de su denominado Plan Andes para concentrar su capital en la producción no convencional. Como parte de este repliegue, la provincia firmó un acuerdo por 25 millones de dólares que libera a la compañía de la remediación de 334 pozos offshore en el área Restinga Alí, en Comodoro Rivadavia. A la retirada de la petrolera controlada por el Estado se suma el egreso de otras operadoras como Tecpetrol (Grupo Techint), la noruega Interoil y la firma de servicios Halliburton.
