Tras la cumbre en Moscú, la ‘OPEP del gas’ acordó crear mecanismos de reacción ante crisis del mercado y promover la transición hacia una economía baja en carbono mediante el uso del gas natural.
Los miembros del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG) aprobaron este martes en Moscú la Declaración de Moscú, un documento donde manifestaron su determinación en fortalecer el rol de la organización en la escena internacional. Durante la apertura del encuentro, el presidente ruso, Vladímir Putin, destacó que el consumo global de este hidrocarburo aumentó un 1,2 % en el año 2025, alcanzando los 4,2 billones de metros cúbicos. El mandatario proyectó que la demanda continuará su avance hasta llegar a los 5,5 billones de metros cúbicos anuales.
En el texto final, los países firmantes señalaron: “(Expresamos nuestra determinación) en reforzar la posición del FPEG, como principal plataforma intergubernamental mundial para coordinar las posiciones estratégicas de los países miembros del Foro en materia de gas natural, incluidas las condiciones del mercado y la promoción del gas”. Asimismo, Vladimir Putin precisó que los países integrantes del FPEG abarcan el 70 % de las reservas mundiales de gas natural y cerca del 40 % de las exportaciones globales del recurso.
La declaración suscrita hace hincapié en el establecimiento de un precio justo para el gas mediante la firma de contratos a largo plazo, la diversificación de los mecanismos de fijación de precios y la introducción de tecnologías modernas. Los miembros defendieron el derecho soberano sobre los recursos naturales en sus territorios, abogaron por diversificar las rutas de suministro y alertaron sobre el impacto geopolítico que generan las tensiones en Oriente Medio, región que concentra amplias reservas de gas natural.
El FPEG es una organización fundada en 2001 con sede en Doha, Catar —donde celebró su primera cumbre en 2011— y compuesta por 12 miembros plenos: Argelia, Bolivia, Catar, Egipto, Emiratos Árabes, Guinea Ecuatorial, Irán, Libia, Nigeria, Rusia, Trinidad y Tobago y Venezuela. El grupo cuenta con Azerbaiyán, Angola, Irak, Mauritania, Malasia, Mozambique, Perú y Senegal como observadores, y enfrenta críticas de Estados Unidos y la Unión Europea por el temor a que funcione como un instrumento para controlar los precios internacionales del combustible.
