El consorcio integrado por YPF, la italiana Eni y la emiratí XRG presentó la solicitud para sumar su proyecto de 51.000 millones de dólares al Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones, mientras avanza hacia la decisión final de inversión proyectada para finales de 2026.
El proyecto Argentina LNG solicitó formalmente su incorporación al Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI) con el objetivo de obtener estabilidad jurídica, fiscal, aduanera y cambiaria para su iniciativa energética en Vaca Muerta. El plan representa la mayor propuesta de inversión registrada bajo este régimen marco y contempla un desembolso acumulado de 51.000 millones de dólares.
El esquema operativo incluye la producción de gas no convencional en la provincia de Neuquén, la construcción de gasoductos e instalaciones industriales dedicadas, y la licuefacción del insumo mediante dos unidades flotantes (FLNG) ubicadas en el Golfo de San Matías, en la provincia de Río Negro. Estas plantas flotantes contarán con una capacidad conjunta de procesamiento de 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado destinadas a los mercados internacionales.
Para la etapa inicial, comprendida entre 2026 y 2031, la iniciativa proyecta movilizar 29.000 millones de dólares: 24.000 millones orientados al desarrollo de infraestructura —incluidas las unidades portuarias y líneas de transporte— y 5.000 millones asignados a la perforación y desarrollo upstream. La fase de construcción se extenderá hasta 2030, para dar inicio a las operaciones comerciales en 2031.
La estructura corporativa acordada para el segmento upstream establece una participación del 36% para YPF, mientras que Eni y XRG mantendrán un 32% cada una, tras el acuerdo vinculante de desarrollo conjunto firmado en febrero.
De acuerdo con las estimaciones presentadas por YPF, la operación del complejo generará aproximadamente 10.000 millones de dólares anuales en ingresos por exportaciones durante 20 años. En términos de impacto económico local, se proyectan 15.000 millones de dólares en compras a la cadena de proveedores de bienes y servicios nacionales, además del sostenimiento de unos 8.000 empleos anuales durante la etapa operativa.
