El canciller Pablo Quirno rechazó las críticas de la oposición y medios de comunicación respecto al amarre del buque de bandera británica VS Promise en el puerto de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego. El funcionario calificó el hecho como una “operación” y aclaró que la embarcación fue contratada por un consorcio privado para el transporte de crudo producido en territorio argentino dentro de la Cuenca Marina Austral.
Según detalló el jefe de la diplomacia argentina a través de una publicación en la red social X —que contó con el respaldo explícito del presidente Javier Milei—, la nave provenía de la monoboya Río Cullen, donde cargó petróleo generado en yacimientos operados por la empresa TotalEnergies y sus socios. Quirno sostuvo que la detención en la capital fueguina respondió estrictamente a una escala logística que generó ingresos por servicios portuarios locales, al tiempo que enfatizó que la embarcación no posee vínculo alguno con las autoridades de las Islas Malvinas.
La estadía de la nave reavivó los cruces entre el Poder Ejecutivo Nacional y el gobierno del mandatario provincial Gustavo Melella, que había manifestado su protesta pública alegando el incumplimiento de la legislación local que prohíbe el amarradero, abastecimiento y permanencia de buques con bandera británica en sus costas. La controversia escaló luego de que la provincia mantuviera bajo su órbita la fiscalización de la carga en aguas abiertas, mientras que la Secretaría de Hidrocarburos fueguina señaló que los controles sobre registros, banderas y documentación marítima son competencia exclusiva de las autoridades nacionales, en una terminal marítima que permanece intervenida por la Nación desde enero pasado. En paralelo, la justicia provincial inició actuaciones mediante un fiscal que solicitó informes al Ejecutivo local sobre los mecanismos de control aplicados en las operaciones de carga.
