El Gobierno sumó 15 empresas y personas físicas a los 45 expedientes abiertos previamente, alcanzando 60 investigaciones iniciadas bajo la Ley 26.659 contra la red de accionistas, directivos y proveedores del proyecto Sea Lion.
El Gobierno nacional abrió procedimientos sancionatorios contra 15 nuevos sujetos, entre empresas y personas físicas, eleva a 60 los expedientes iniciados tras la primera nómina de 45 casos difundida el 4 de septiembre. La medida amplía el alcance de la ofensiva administrativa sobre actores vinculados con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, dirigiendo las actuaciones hacia la red de accionistas, directivos y proveedores que rodea a compañías como Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, responsables del proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte, recurso que contiene aproximadamente 1.700 millones de barriles de petróleo. Entre las firmas e individuos incorporados figuran la accionista israelí Shlomo Eliahu Holdings Ltd.; los accionistas de Rockhopper Exploration Aberdeen Group PLC, HBOS Investment Fund Managers Ltd., SMR Advisors (Monaco) SAM y Mizrahi Tefahot Bank Ltd.; David Williamson Dobson, accionista y presidente no ejecutivo de Borders & Southern; seis directivos y accionistas de Eco (Atlantic) Oil & Gas (Gil Holzman, Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman, Alice Carroll y Gabi Levin); y las empresas de infraestructura Bluewater Energy Services BV (Países Bajos), Bluewater Sea Lion Production Company Limited (Reino Unido) y Noble Corporation UK Ltd. (Reino Unido). Las actuaciones se enmarcan en la Ley 26.659, sobre un universo potencial de 180 empresas notificadas por el canciller Pablo Quirno que incluyen financieras, aseguradoras y prestadoras de servicios. Como condición para el acceso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el Gobierno exige una declaración jurada de no infracción a la legislación nacional sobre las Islas Malvinas.
