El Poder Ejecutivo intimó a compañías petroleras, financieras y de servicios a optar entre participar de la exploración ilegal en las islas o mantener acceso a Vaca Muerta, activando sanciones bajo el Decreto 868/2026.
Argentina notificó a 180 empresas para que definan su continuidad en proyectos de hidrocarburos no autorizados en las Islas Malvinas o afronten inhabilitaciones operativas en el país. La medida contempla iniciar procedimientos sancionatorios contra 45 personas físicas y jurídicas de Reino Unido, Israel, Canadá, Islas Vírgenes Británicas, Suecia, Kazajistán, Sudáfrica, Jersey, Dinamarca, Estados Unidos y Países Bajos, al tiempo que exige una declaración jurada de cumplimiento de la Ley 26.659 para acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Entre las firmas alcanzadas figuran Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration —poseedoras del 65% y 35% del proyecto Sea Lion, respectivamente, cuya inversión inicial asciende a U$S1.800 millones— y la neerlandesa Bluewater Energy Services, proveedora del barco FPSO para dicho emprendimiento y fabricante de las monoboyas del proyecto Vaca Muerta Oil Sur en Río Negro. Por su parte, la firma de servicios SLB anunció de manera formal su decisión de abstenerse de participar en desarrollos petroleros en el archipiélago.
