El organismo interviene ante la suspensión del suministro de gas a 150 familias en condiciones de vulnerabilidad con temperaturas de 12 grados bajo cero, mientras se evalúa responsabilizar al ENARGAS por falta de fiscalización.
La Defensoría Pública Federal inició actuaciones tras registrar la interrupción del servicio de gas natural a aproximadamente 150 familias en la localidad de Tolhuin, provincia de Tierra del Fuego, desde fines de mayo. La intervención, encabezada por el defensor público coadyuvante Agustín Ciolfi a raíz de una convocatoria del intendente Daniel Harrington y funcionarios municipales, contempla la recolección de pruebas para impulsar un amparo colectivo con medida cautelar que busque la restitución inmediata del suministro.
Las inspecciones realizadas en conjunto con el área de Desarrollo Social municipal detectaron afectados dentro de sectores de alta vulnerabilidad, incluyendo adultos mayores, personas con discapacidad, pacientes oncológicos y menores con patologías respiratorias. Asimismo, las visitas evidenciaron irregularidades en los procedimientos de la empresa prestadora, tales como notificaciones efectuadas únicamente por correo electrónico a usuarios sin conectividad, deficiencias en la atención presencial y falta de información sobre planes de financiación.
En el marco de las diligencias previas, la Defensoría remitió oficios a Camuzzi Gas del Sur y al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) para exigir precisiones sobre los criterios de corte aplicados, los mecanismos de notificación y el rol de fiscalización del ente estatal. El organismo judicial advirtió que la eventual demanda colectiva podría incluir al regulador si se constata una omisión en sus deberes de control, bajo la doctrina de asequibilidad de los servicios públicos establecida por la Corte Suprema de Justicia.
El accionar judicial de la Defensoría se produce tras el desestimamiento de un amparo colectivo promovido con anterioridad por el gobernador provincial, Gustavo Melella, el cual fue descartado por la Justicia debido a deficiencias en el impulso procesal y el posterior abandono de la vía legal por parte del ejecutivo provincial, contexto marcado por una deuda de 50 millones de dólares registrada en la jurisdicción.
