El Gobierno santacruceño confirmó el ingreso de los primeros equipos a la Cuenca del Golfo San Jorge tras el traspaso de áreas de YPF, en un proceso que incluye nuevas perforaciones y un plan inédito de remediación ambiental.
La reactivación de los yacimientos petroleros convencionales en el norte de Santa Cruz inició su fase operativa con el desembarco de nuevas empresas licenciatarias. El plan estratégico, coordinado entre la administración del gobernador Claudio Vidal y las compañías entrantes, contempla una inversión privada global de US$ 1.200 millones destinada a revertir la declinación productiva, sostener las fuentes de trabajo y dinamizar el circuito comercial de las localidades de la región.
El ministro de Energía y Minería provincial, Jaime Álvarez, ratificó el ingreso de la maquinaria inicial a los bloques de la Cuenca del Golfo San Jorge y anticipó que el despliegue de personal y equipos técnicos continuará de forma progresiva durante todo el mes de junio. Con el fin de acelerar la llegada de capitales, el Ejecutivo santacruceño implementó el programa “Más producción y trabajo en el sector hidrocarburífero”, una iniciativa que otorga un estímulo fiscal mediante la reducción de tres puntos porcentuales en las regalías para aquellas operadoras que demuestren un incremento sostenido en sus niveles de extracción.
El esquema de reactivación privada se complementará con campañas específicas de perforación por parte de las nuevas empresas asignadas. Según el cronograma oficial, la compañía CGC ejecutará 31 nuevos pozos en el flanco norte de la cuenca, mientras que la firma Quintana Energy llevará a cabo cuatro perforaciones y Crown Point sumará otros tres pozos al plan de desarrollo.
El proceso de transferencia de activos incluye un acuerdo ambiental calificado como inédito en la historia de la actividad hidrocarburífera local, mediante el cual la petrolera estatal YPF asumirá de forma integral los costos financieros y operativos del saneamiento de los pasivos acumulados durante sus años de gestión. El programa estipula el abandono definitivo y la restauración ambiental de un total de 1.204 pozos. Para validar los procedimientos técnicos y certificar los resultados de estas tareas, el Gobierno provincial y la empresa estatal sumarán la auditoría de la Universidad de Buenos Aires, que trabajará en conjunto con las inspecciones permanentes dispuestas por la autoridad minera de Santa Cruz.
