El Gobierno provincial extendió por 10 años la explotación del área a favor de una UTE. El acuerdo incluye la perforación de un nuevo pozo exploratorio, la puesta en valor del potencial gasífero y una reducción en las regalías para incentivar la producción.
A través del Decreto 864, el Gobierno de Mendoza oficializó la prórroga por una década de la concesión del área petrolera Cajón de los Caballos, ubicada en el departamento de Malargüe. La medida beneficia a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Desarrollos Petroleros y Ganaderos SA junto a Compañía General de Combustibles SA, consolidando una estrategia para revitalizar yacimientos convencionales maduros.
La extensión del contrato está vinculada a un compromiso de inversión que supera los 3 millones de dólares. El eje central de este plan es la perforación de un nuevo pozo con objetivo de exploración complementaria en la zona de Los Alpatacos, lo que permitirá profundizar el conocimiento geológico y evaluar nuevos horizontes productivos en el bloque.
Estrategia para el petróleo y el gas
La iniciativa no se limita a mantener la extracción actual; busca ampliar el potencial energético de la provincia mediante diversas acciones técnicas:
- Reparación de pozos existentes para optimizar su rendimiento.
- Reprocesamiento de información sísmica y creación de nuevos modelos técnicos.
- Puesta en valor del gas: Se busca viabilizar la comercialización de recursos gasíferos ya comprobados en el área.
“Esta prórroga no es simplemente una extensión administrativa; es una herramienta para transformar un área madura en una nueva oportunidad de inversión y empleo mendocino”, destacó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, subrayando que la provincia exige inversión y responsabilidad operativa a cambio del acompañamiento estatal.
Incentivos fiscales y controles ambientales
Para asegurar la viabilidad económica del proyecto frente a sus desafíos operativos, el Ejecutivo mendocino estableció una alícuota de regalías del 7%. Según explicó el director de Hidrocarburos, Lucas Erio, esta reducción funciona como un incentivo que se traduce en producción incremental, reinversión y generación de puestos de trabajo, lo que finalmente beneficia la recaudación provincial.
Asimismo, el decreto impone estrictas obligaciones en materia de protección ambiental. La concesionaria deberá cumplir con el saneamiento de pasivos, seguros ambientales y planes de abandono de pozos. El Estado provincial mantendrá una fiscalización permanente, reservándose la facultad de sancionar o caducar la prórroga ante cualquier incumplimiento de las metas de inversión o normativas vigentes.
