El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, advirtió que el tope del 10% para el biodiésel frena inversiones, y propuso un piso regulatorio idéntico al del bioetanol para potenciar la industria.
El Gobierno de Santa Fe fijó su postura ante el proyecto de la nueva Ley de Biocombustibles (S. 809-26) que se debate en el Senado de la Nación. Si bien la administración provincial respaldó la actualización regulatoria orientada a una mayor competencia y desregulación, condicionó su apoyo a la introducción de modificaciones estructurales. El reclamo central apunta a eliminar las asimetrías de la propuesta oficial y establecer un piso de mezcla obligatoria que reactive la capacidad instalada del sector.
La postura santafesina cuestiona la diferencia de criterios en el tratamiento del bioetanol y el biodiésel dentro del proyecto nacional. Mientras el texto propone elevar al 15% la mezcla de bioetanol en naftas (E15), mantiene el tope del 10% para el biodiésel en gasoil (B10). Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo calificaron esta diferencia como una asimetría regulatoria sin sustento técnico, dado que la normativa técnica actual ya permite mezclas de hasta el 20%.
Para corregir este esquema, la Provincia presentó una propuesta basada en cinco modificaciones concretas. En primer lugar, elevar de forma inmediata el corte obligatorio al 15% (B15) con una proyección gradual hacia el 20% (B20) para cuando el biodiésel local sea más competitivo que el gasoil importado. En segundo término, el plan contempla reservar un 40% del mercado para productores independientes no integrados mediante licitaciones transparentes, dejando el 60% restante para industrias integradas y refinadoras, evitando así la concentración económica.
El tercer punto del planteo busca limitar la discrecionalidad del Estado, restringiendo la facultad de la Secretaría de Energía para reducir los porcentajes obligatorios únicamente a situaciones de emergencia de abastecimiento y por un tope máximo de 90 días. La cuarta modificación solicita incorporar los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a combustibles de nueva generación como el Diésel Renovable (HVO), el Combustible Sustentable para Aviación (SAF) y el Hidrógeno Verde (H2V). Finalmente, el quinto ítem exige reglas de precio transparentes para garantizar la competencia en materias primas estratégicas como el aceite de soja y el metanol.
Los argumentos productivos detallan que el escenario internacional de conflictos geopolíticos y volatilidad del petróleo incrementó la competitividad de los combustibles renovables frente a los fósiles. Asimismo, las autoridades destacaron que el biodiésel funciona como una herramienta estratégica para reducir importaciones de gasoil, generar ahorro de divisas, sostener el empleo industrial y fortalecer las economías regionales. En términos de referencia regional, la propuesta santafesina mencionó el caso de Brasil, que avanzará este año con un corte obligatorio del 15% y proyecta alcanzar el 20% para el año 2030.
