Los sectores de energía y minería concentran más del 99% de los montos totales informados en el marco de la Ley Bases. Mientras el 22% del capital ya cuenta con aprobación oficial, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de “Súper RIGI” para promover inversiones superiores a los USD 1.000 millones en nuevas industrias.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incorporado en la Ley Bases, se consolida como el principal instrumento para canalizar flujos de capital a gran escala en sectores estratégicos de la economía argentina. Desde su entrada en vigencia, las inversiones presentadas ante el régimen —sumando iniciativas aprobadas y aquellas en etapa de evaluación— ya superan los USD 133.000 millones. Los registros administrativos reflejan que más del 22% del capital solicitante ya obtuvo la aprobación oficial de las autoridades, mientras que el resto de los expedientes continúa cumpliendo las diferentes fases de análisis técnico.
El desglose sectorial de las solicitudes evidencia una concentración casi absoluta en las actividades mineras y energéticas, rubros que en conjunto explican más del 99% del monto global declarado. La energía lidera las presentaciones al acaparar cerca del 64% del volumen total, equivalente a más de USD 85.456 millones; de ese total, USD 19.103 millones ya cuentan con luz verde administrativa y unos USD 66.353 millones se encuentran bajo análisis. Por su parte, el sector minero computa USD 9.952 millones aprobados sobre un presupuesto global cercano a los USD 46.000 millones. En términos proporcionales, el nivel de aprobación alcanza el 22% del capital aplicado en energía y el 21% en minería.
Dentro del segmento minero, los desarrollos vinculados al cobre absorben la mayor proporción de las inversiones con aproximadamente USD 31.500 millones comprometidos, traccionados por mega-proyectos como El Pachón, Vicuña, Minera Agua Rica (MARA), Los Azules y San Jorge, de los cuales USD 3.563 millones ya fueron convalidados. En tanto, el litio lidera el volumen de capital efectivamente autorizado con proyectos aprobados por más de USD 4.528 millones, mientras que el oro y otras variantes extractivas completan el esquema con USD 1.861 millones autorizados.
En el sector energético, el segmento de petróleo y gas encabeza las solicitudes con cerca de USD 55.300 millones, apuntalado recientemente por las presentaciones de las áreas LLL Oil y El Trapial presentadas por YPF y Chevron. El gas natural licuado (GNL) se posiciona como el segundo segmento en relevancia con inversiones aprobadas por USD 15.156 millones, asignadas en su totalidad al proyecto de licuefacción flotante de la firma Southern Energy. Asimismo, las obras de infraestructura midstream totalizan más de USD 11.000 millones entre plantas aprobadas y bajo análisis, seguidas en menor escala por desarrollos de energías renovables, petroquímicas y procesamiento de gas.
La distribución geográfica del RIGI muestra una marcada concentración en las regiones patagónica y cordillerana debido a su dotación de recursos naturales y perfil exportador. Tres provincias concentran más del 80% de los montos presentados, sumando alrededor de USD 107.000 millones. Neuquén lidera el ordenamiento nacional con proyectos por aproximadamente USD 62.434 millones, captando cerca del 47% del total del régimen. San Juan se ubica en el segundo escalón provincial con solicitudes por USD 25.000 millones (19% del total), explicadas por el potencial del cobre. Río Negro ocupa el tercer puesto con presentaciones por USD 19.588 millones (15% del total), fuertemente ligada a la infraestructura portuaria y de GNL. Con una participación menor se posicionan las provincias de Catamarca, con inversiones cercanas a los USD 9.615 millones, y Salta, con unos USD 8.748 millones, jurisdicciones donde prevalecen los desarrollos ligados a la cadena del litio. El bloque de las provincias restantes reúne de forma agregada cerca de USD 7.700 millones.
Por fuera del esquema energético y minero puro, el sector agroindustrial argentino registra dos iniciativas de alto impacto dentro del régimen. En la provincia de Santa Fe se encuentra aprobada y en fase de ejecución la Terminal Multipropósito Timbúes, una nueva infraestructura portuaria diseñada para el Gran Rosario. En paralelo, la firma Pampa Energía proyecta ingresar al RIGI para construir una planta de fertilizantes en el Polo Industrial de Bahía Blanca, denominada Fertil Pampa; la obra prevé incrementar la producción nacional de urea en 2,1 millones de toneladas anuales, lo que significaría casi duplicar la capacidad productiva actual del país para dicho insumo agrícola.
En sintonía con el avance del régimen vigente, el Poder Ejecutivo nacional remitió al Congreso de la Nación un proyecto de ley con el objeto de estructurar un nuevo marco de promoción denominado informalmente “Súper RIGI”. Esta iniciativa jurídica busca incentivar la radicación de inversiones de gran escala en actividades económicas que no cuenten con un desarrollo previo en el territorio nacional, fijando un piso mínimo de inversión de USD 1.000 millones por propuesta. El texto legislativo contempla el otorgamiento de beneficios de carácter fiscal, cambiario y aduanero superiores a los del RIGI tradicional, apuntando a segmentos específicos como el hidrógeno verde, plantas de GNL onshore (en tierra), infraestructura para inteligencia artificial y centros de datos (data centers) alimentados con gas natural, el agregado de valor en minerales críticos, electromovilidad, biotecnología avanzada, infraestructura digital y manufacturas tecnológicas de alto valor de componentes.
En materia impositiva, el “Súper RIGI” establece una alícuota fija del 15% para el impuesto a las Ganancias y un esquema de amortización acelerada que permite deducir un 60% durante el primer año fiscal y un 20% en cada uno de los dos períodos posteriores. En el plano del comercio exterior, el proyecto estipula la eliminación total de los derechos de exportación desde el inicio de las operaciones de los proyectos adiabáticos y libera del pago de aranceles a la totalidad de las importaciones que resulten indispensables para la puesta en marcha de las actividades, ampliando el criterio del RIGI actual que restringe la exención únicamente a bienes de capital e informática.
Por último, el marco cambiario propone una eliminación progresiva de la obligación de liquidar divisas en el mercado local por las exportaciones del proyecto: se exigirá liquidar el 80% de las divisas durante el primer año y el 60% en el segundo, quedando liberadas al 100% a partir del tercer año. Para la aplicación efectiva de este régimen en cada jurisdicción, las provincias y municipios deberán cumplimentar dos condiciones de adhesión: topar la alícuota del impuesto a los Ingresos Brutos en un máximo del 0,5% y garantizar que las tasas municipales no se calculen en función del nivel de facturación de las empresas.
