Con 17 votos a favor y 9 en contra, la Legislatura provincial ratificó el convenio que habilita la transferencia de concesiones y establece una contraprestación en bienes y fondos destinados a Comodoro Rivadavia, en medio de fuertes críticas opositoras por la liberación de responsabilidades ambientales.
La Legislatura del Chubut aprobó este jueves el acta acuerdo suscripta entre el Gobierno provincial y la petrolera YPF, un paso jurídico que formaliza la transferencia de activos y el retiro de la empresa estatal de las áreas maduras de la Cuenca del Golfo San Jorge. La ratificación del convenio se alcanzó por mayoría con el respaldo de bloques oficialistas y aliados, tras un debate de más de tres horas centrado en el impacto económico para Comodoro Rivadavia y la polémica exención de reclamos por pasivos ambientales otorgada a la compañía.
El marco normativo aprobado establece que la contraprestación extraordinaria entregada por YPF, compuesta por fondos específicos, bienes inmuebles y vehículos registrables, tendrá como destino exclusivo el municipio de Comodoro Rivadavia. De acuerdo con los fundamentos defendidos por el oficialismo a través de la diputada Andrea Aguilera, los recursos económicos se aplicarán estrictamente a obras de infraestructura, servicios públicos, salud, educación, seguridad y vivienda. Asimismo, las unidades automotrices incluidas en la negociación serán transferidas a la Unidad Regional de Policía de dicha localidad para tareas de seguridad pública.
Por el contrario, el bloque opositor rechazó el proyecto argumentando la falta de información técnica sustancial antes de la votación. Las principales objeciones planteadas por los legisladores Juan Horacio País y Andrea Toro se concentraron en la cláusula cuarta del acta, la cual exime a YPF, sus directores y accionistas de manera total, irrevocable y definitiva ante eventuales demandas por la condición ambiental e instalaciones de las áreas cedidas. La oposición cuestionó la ausencia de los informes de impacto ambiental prometidos por el Ejecutivo provincial y contrastó negativamente el monto de la compensación obtenida por Chubut frente a los acuerdos logrados por la vecina provincia de Santa Cruz.
El debate legislativo también expuso la preocupación por el destino final y el uso de las cientos de hectáreas que la petrolera dejará en la ciudad, así como la incertidumbre respecto a la preservación de los puestos de trabajo. En este sentido, sectores legislativos señalaron la necesidad de iniciar un proceso de reconversión económica regional frente al ingreso de nuevas operadoras privadas que demandarán menores estructuras de personal en las actividades convencionales de la cuenca.
