El plan prevé extraer más de 1,5 millones de barriles diarios y generar ingresos millonarios para Caracas, aunque persisten inconsistencias sobre la duración del convenio y la financiación de la infraestructura requerida.
El anuncio de un acuerdo petrolero bilateral entre Estados Unidos y Venezuela plantea un giro en la relación diplomática y energética de ambas naciones, aunque la falta de divulgación del texto completo mantiene bajo reserva puntos estructurales sobre su implementación. Según la información difundida, el proyecto abarca el desarrollo de 17 campos estratégicos con un potencial probado de 65.000 millones de barriles e incluye ocho nuevos bloques en la Faja del Orinoco, con la meta fijada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de superar una producción de 1,5 millones de barriles diarios.
La estructura del negocio establece que una nueva empresa privada —constituida por el gobierno estadounidense y un operador venezolano no identificado— gestionará los yacimientos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que su país obtendrá el 55% de la producción efectiva de la compañía mediante acciones y derechos de compra a precio de costo. Fuentes oficiales de Washington precisaron que este crudo se destinará al abastecimiento de sus fuerzas armadas y a las reservas estratégicas norteamericanas.
En el plano fiscal, Rodríguez estimó que, bajo una cotización de referencia de 65 dólares por barril, el convenio aportará 209.335 millones de dólares a las arcas públicas venezolanas, con un ingreso directo estimado en 19 dólares por barril vendido, sumado a regalías mínimas del 16% y un impuesto sobre la renta del 34%. Desde Caracas se enfatizó que el país mantendrá la propiedad y la soberanía sobre los recursos, mientras que la contraparte aportará capital, tecnología y capacidad operativa para revertir el deterioro del sector.
Surgen, sin embargo, contradicciones respecto a los plazos y vacíos sobre el financiamiento. Mientras que la concesión otorgada a la empresa privada sobre yacimientos sin explotar se proyecta a 100 años, la representación venezolana afirmó que la vigencia del acuerdo bilateral entre estados será de 25 años, sin que se haya aclarado públicamente la articulación entre ambos esquemas. Paralelamente, el documento no especifica el monto ni la procedencia de los fondos necesarios para reparar la infraestructura golpeada por la falta de inversión y las sanciones, un proceso que expertos del sector proyectan de ejecución prolongada.
El anuncio generó divisiones políticas en ambos países. En Venezuela, las posturas oscilan entre quienes lo consideran una vía para la reactivación económica y sectores críticos que señalan una cesión excesiva frente a Washington. En el ámbito político estadounidense, sectores republicanos respaldaron la medida como un triunfo estratégico, mientras que la bancada demócrata cuestionó la posición de privilegio adquirida sobre los recursos venezolanos. Los aspectos vinculados a la identidad del socio privado, la precisión de los desembolsos financieros y el rol que asumirá el Congreso continúan sin definir.
