La iniciativa sanciona la extracción de recursos renovables y no renovables con multas de hasta tres millones de barriles de crudo.
El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que fija condenas de hasta 20 años de prisión y multas equivalentes a tres millones de barriles de petróleo para las personas y empresas que extraigan, transporten o almacenen hidrocarburos en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes sin autorización argentina. El texto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Pablo Quirno, Carlos Presti y Luis Caputo, reemplaza el marco legal vigente desde 2011 para extender las penalizaciones al aprovechamiento no autorizado de todo tipo de recursos naturales renovables y no renovables.
El régimen sancionatorio dispone penas de 12 a 20 años de cárcel para la exploración o explotación de recursos no renovables, mientras que la extracción sin permiso de hidrocarburos contempla un piso de 15 años de prisión. Las actividades no autorizadas sobre recursos naturales generales prevén multas escalonadas de entre 4.000 y 500.000 barriles de crudo, acompañadas por inhabilitaciones para operar de cinco a 20 años. Las penalizaciones alcanzan a socios, accionistas, controlantes y proveedores de servicios esenciales con penas de cinco a siete años de prisión, sumadas a la posibilidad de disolución societaria, la pérdida de beneficios impositivos y la prohibición de contratar con el Estado. Se incluyó además la figura del juicio en ausencia y un Régimen de Desistimiento y Regularización para quienes cesen las actividades y radiquen inversiones en el país.
La iniciativa faculta al Consejo de Seguridad Nacional —órgano integrado por el Presidente, la Jefatura de Gabinete, la SIDE, la Secretaría Legal y Técnica y los ministerios de Economía, Defensa y Relaciones Exteriores— a aplicar restricciones comerciales, aduaneras y financieras sobre activos para neutralizar la explotación ilegítima de recursos. El proyecto regula además el uso progresivo de la fuerza para la custodia de los espacios insulares y marítimos, fija restricciones al financiamiento externo en política, tipifica delitos por revelación de secretos de Estado e incorpora por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento.
