La medida impulsada mediante el Decreto 868/2026 designa a Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y exige una declaración jurada de no infracción sobre la plataforma continental para acceder a los beneficios del RIGI.
El Gobierno argentino notificó a 180 empresas vinculadas a la cadena de valor hidrocarburífera para que elijan entre continuar con actividades en las Islas Malvinas o mantener sus negocios en el país, al tiempo que inició formalmente procedimientos sancionatorios contra 45 personas físicas y jurídicas de 11 naciones.
La estrategia oficial, detallada por el canciller Pablo Quirno durante la 47ª Convención del IAEF, utiliza el acceso al mercado de Vaca Muerta como condicionamiento económico para proveedores de servicios, aseguradoras y firmas financieras. En este marco, la compañía de servicios petroleros SLB anunció que no participará en proyectos en Malvinas para preservar sus operaciones en la Cuenca Neuquina, mientras que la neerlandesa Bluewater Energy Services enfrenta una situación dual al ser proveedora de dos monoboyas para el proyecto Vaca Muerta Oil Sur y haber contratado el buque FPSO Aoka Mizu con Navitas Petroleum para el yacimiento Sea Lion. Navitas y Rockhopper Exploration prevén una inversión inicial de 1.800 millones de dólares en el proyecto offshore con el objetivo de iniciar la producción de crudo en 2028.
