La administración del presidente Rodrigo Paz aplicó un incremento del 83% en el costo del combustible para grandes consumidores, en el marco de una severa escasez de carburantes que afectó la producción de alimentos y desató más de 50 días de conflicto social.
El gobierno de Bolivia oficializó la eliminación del subsidio al diésel para los sectores de mayor consumo, medida que eleva el precio por litro de 0,85 a 1,56 dólares para empresas corporativas, firmas exportadoras, la minería y la gran industria. El valor del carburante se mantendrá congelado para el resto de la población, al igual que la subvención a la gasolina utilizada por el transporte público, cuyo ajuste fue postergado hasta diciembre.
La determinación gubernamental busca aliviar la presión sobre las finanzas del Estado y contener el agotamiento de las reservas internacionales, afectadas por la reducción en las exportaciones de gas y la elevada dependencia de las importaciones de hidrocarburos. Según datos oficiales, la brecha de precios fomentó un mercado informal donde el diésel alcanzaba el doble de su valor subsidiado, sumado a problemas de contrabando y desvíos vinculados a hechos de corrupción en la petrolera estatal.
El ajuste anunciado por el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, y el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, forma parte de un plan de reformas para avanzar hacia la quita total de subvenciones. Ocho meses antes, la administración estatal ya había reducido un 86% la ayuda financiera al diésel importado y un 56% a la gasolina.
La decisión técnica se implementa en un contexto de alta conflictividad social. Entre junio y julio se registraron 53 días de protestas con bloqueos de rutas en distintas ciudades, entre ellas La Paz, motivados por el alza en los alimentos y el reclamo de renuncia del presidente Paz —quien asumió hace nueve meses y decretó el estado de excepción para contener las manifestaciones—.
Para estabilizar el marco macroeconómico, el Ejecutivo concretó un acuerdo por 1.900 millones de dólares en créditos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos financieros. A la par, el Gobierno acordó con sectores privados de Santa Cruz la importación de crudo para su refinación local, con el objetivo de recortar costos operativos y reabastecer el mercado interno.
