Argentina solicita medidas cautelares en el TIDM por petróleo en Malvinas

La delegación expuso sus argumentos en Hamburgo para frenar la perforación de nuevos pozos petrolíferos por parte del Reino Unido en la plataforma continental en disputa.

Argentina solicitó este martes 10 de noviembre de 2026 ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en Hamburgo (Alemania), medidas cautelares destinadas a “impedir el inicio o la continuación de la explotación de los recursos de hidrocarburos en la plataforma continental” de las Islas Malvinas. La petición busca frenar las operaciones autorizadas por el Reino Unido en el área marítima cuya soberanía reclama el país sudamericano. “Estamos confiados en que el tribunal, siguiendo su jurisprudencia, evite que haya nuevos pozos petrolíferos que sean perforados por el Reino Unido para explotar recursos no renovables”, declaró el jurista argentino Marcelo Gustavo Kohen, miembro del equipo jurídico nacional.

Durante el primer día de exposición de argumentos en la vista oral presidida por el juez camerunés Maurice K. Kamga, la delegación argentina delimitó el alcance de su reclamo legal al marco de la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar (CONVEMAR), tratado de 1982 rubricado por ambos países. “Argentina es consciente de que no le puede pedir al Tribunal de Derecho del Mar que resuelva la controversia de soberanía, por eso lo que estamos pidiendo simplemente es que mientras dure la controversia, el Reino Unido no explote recursos no renovables en la plataforma continental que es objeto también de controversia”, explicó Kohen, quien participó de la audiencia junto al asesor jurídico argentino Mario Oyarzábal y el experto en derecho internacional Nicolaas Schrijver.

El reclamo judicial apunta a frenar la media docena de licencias que el Reino Unido concedió para la explotación de hidrocarburos en el suroeste del Océano Atlántico, entre las que figura el proyecto Sea Lion. Este desarrollo se ubica en la cuenca Malvinas Norte, a 200 kilómetros al norte del archipiélago, y tiene programado su inicio para principios de 2027.

La operación del proyecto Sea Lion está a cargo de la petrolera israelí Navitas, que posee el 65% de participación, en sociedad con la compañía británica Rockhopper, titular del 35% restante. “Nuestra demanda está limitada al marco de la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar”, ratificó el jurista argentino Marcelo Gustavo Kohen al cerrar la jornada en la sede del tribunal en Hamburgo.