El Gobierno fija un plazo de dos semanas para detener las actividades del proyecto Sea Lion antes de acudir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
El Gobierno argentino intimó formalmente al Reino Unido a suspender en un plazo de dos semanas las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. Ante la eventualidad de que Londres no atienda la pretensión, la gestión del presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos nacionales para iniciar el procedimiento contemplado en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y requerir medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar con el objeto de frenar decisiones unilaterales sobre la plataforma continental reclamada por la Argentina.
En el plano jurídico e internacional, la Casa Rosada respaldó su accionar en las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de las cuales la primera reconoce la existencia de una controversia de soberanía por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, mientras que la segunda prohíbe introducir modificaciones unilaterales en la zona mientras persista el litigio. Asimismo, el comunicado oficial rechazó de forma expresa la posición del gobierno británico en relación con la condición del archipiélago y desconoció la validez legal del referéndum concretado en 2013 por considerar que no altera la disputa ratificada en el ámbito multilateral.
De manera concurrente, el Ejecutivo nacional anunció que promoverá procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas debido a la detección de vuelos operados entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, Chile, por parte de una aeronave de matrícula británica vinculada a la empresa Thales UK Limited, cuyas operaciones se habrían concretado sin la correspondiente autorización previa requerida por el Estado argentino.
