El Gobierno mantiene una subvención de 2,12 reales por litro de diésel mientras investiga conductas abusivas e impone sanciones millonarias a estaciones de servicio y distribuidoras.
El Gobierno brasileño intensificó la fiscalización sobre estaciones de servicio y distribuidoras e impuso sanciones que superan los 700 millones de reales —unos 134 millones de dólares— a través de la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP). La medida se enmarca en un contexto de volatilidad en los precios internacionales del petróleo provocada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Según explicó el ministro de Planificación y Presupuesto, Bruno Moretti, el Ejecutivo no busca controlar los precios, sino evitar incrementos considerados abusivos. Para mitigar el impacto en el mercado interno y en el transporte de alimentos, el Gobierno mantuvo una subvención de 2,12 reales por litro de diésel, equivalente a unos 40 centavos de dólar, y anunció que el abastecimiento para octubre está garantizado.
En el marco de la denominadas “Operación Carga Pesada”, las autoridades ejecutaron 241 acciones de fiscalización entre el 21 y el 25 de septiembre. A su vez, la Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon) abrió 70 procesos contra estaciones y distribuidoras por posibles conductas abusivas. Las empresas sancionadas por la ANP disponen de la posibilidad de presentar recursos administrativos contra las decisiones. En paralelo, la administración decidió levantar las sanciones previstas para los aumentos de precios sin causa justificada, cuyas multas iban desde 20.000 hasta 500 millones de reales, monto equivalente a un rango de entre 3.828 y 95,7 millones de dólares.
