El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó investigar la responsabilidad penal de los ejecutivos y reconstruir el circuito económico de las compañías por actividades hidrocarburíferas ilegales.
La fiscalía federal imputó a los directivos de las empresas Navitas Petroleum, de Israel, y Rockhopper Exploration, del Reino Unido, a raíz de una denuncia presentada por el gobierno nacional por la exploración y explotación de petróleo no autorizada en la Cuenca Malvinas Norte a través del proyecto Sea Lion.
Stornelli requirió determinar la responsabilidad de los ejecutivos, identificar las sociedades utilizadas y reconstruir los movimientos financieros de ambas compañías para precisar el origen y destino de los fondos. Los hechos investigados bajo la Ley 26.659 contemplan penas de hasta 20 años de prisión.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó la ampliación de denuncias contra Navitas Petroleum, sus subsidiarias británicas y las firmas canadienses JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas.
