A través del DNU 580/2026, el Poder Ejecutivo derogó una normativa vigente desde 2002 para corregir distorsiones en los precios y unificar los valores del Gasoducto Perito Moreno tras sus obras de ampliación.
El Gobierno nacional unificó las tarifas del sistema de transporte de gas natural y estableció un nuevo esquema de precios para las obras de infraestructura mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 580/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La normativa deroga el Decreto 689/02, una medida dictada durante la crisis de 2002 que excluía del régimen de pesificación a las tarifas de transporte de gas para exportación y a determinados contratos de compraventa, permitiéndoles mantener sus valores en moneda extranjera. El Poder Ejecutivo argumentó que dicho tratamiento excepcional respondió a circunstancias de emergencia ya superadas y que actualmente generaba distorsiones en los costos que pagan los cargadores del sistema de transporte.
A partir de esta reforma, la norma determina que una vez habilitadas las obras de ampliación del Gasoducto Perito Moreno (GPM), específicamente en el tramo que une Tratayén, en la provincia de Neuquén, con Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires, todos los cargadores de dicho ducto abonarán un precio unificado. El nuevo valor de referencia se calculará como un promedio ponderado entre el precio de la capacidad que se encuentra contratada actualmente y el nuevo costo de la capacidad incremental, el cual surge de la licitación pública de las obras de ampliación propuestas por la empresa Transportadora de Gas del Sur (TGS).
El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) quedó designado como el organismo a cargo de la fijación de los nuevos valores de referencia. Para evitar variaciones bruscas en los costos del sistema, el nuevo ente regulador se encuentra facultado por el decreto para implementar un esquema de escalonamiento progresivo entre los valores vigentes y el nuevo precio unificado del transporte.
Esta reestructuración tarifaria forma parte de un proceso de reconfiguración del sistema hidrocarburífero que comenzó a aplicarse el 1 de mayo de este año. El texto oficial justifica la urgencia de la medida en la necesidad de otorgar certeza y estabilidad inmediata a las relaciones jurídicas vigentes, con el fin de evitar perjuicios económicos y prevenir una eventual parálisis de la actividad hidrocarburífera privada en el país.
