La firma estatal tomará el control del principal yacimiento de La Pampa este viernes a las 6 de la mañana y tercerizará la explotación de forma transitoria en la empresa Ribeiro por un plazo de ocho meses.
La empresa Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) dejará la operación de El Medanito luego de 34 años de actividad en el principal yacimiento hidrocarburífero de la provincia de La Pampa. A partir de las 6 de la mañana de este viernes 19, la firma estatal Pampetrol asumirá formalmente la titularidad del área y tercerizará de manera transitoria la explotación en la firma Ribeiro, que ya presta servicios en el lugar, hasta que se adjudique una nueva concesión.
Ubicado cerca de la localidad de 25 de Mayo, El Medanito es un activo clave para la economía pampeana, ya que aporta el 34% de la producción de petróleo de la provincia y genera casi el 10% de sus ingresos fiscales. PCR operaba el yacimiento desde 1992 bajo un contrato de obras y servicios que vencía originalmente en 2016 y que fue prorrogado por una década en asociación con Pampetrol. Si bien la empresa intentó participar este verano de la licitación para extender la operación por otros 25 años, el Gobierno provincial rechazó su certificado de aptitud ambiental debido a la existencia de pasivos ambientales sin remediar, lo que la dejó fuera de la competencia.
El contrato de transición con Ribeiro tendrá una vigencia de ocho meses. Según el Ejecutivo provincial, este acuerdo garantiza la continuidad de todos los puestos de trabajo del personal y de las empresas subcontratistas, además de mantener los niveles actuales de producción y exigir el cumplimiento de las normas de seguridad y ambientales. La firma del convenio surge a partir de las leyes aprobadas el pasado 7 de mayo en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo (Frejupa), la UCR y parte del bloque PRO-MID alcanzaron un consenso político para evitar la paralización del yacimiento.
Dicho acuerdo legislativo contempla el lanzamiento de una nueva licitación pública internacional en un plazo de 60 días para otorgar la explotación por 25 años, con un esquema de regalías del 15% (más una variable “X” de hasta un máximo negativo del 5%) y un bono de ingreso de 25 millones de dólares para la futura adjudicataria. Debido a que el primer llamado no tuvo ofertas y a que PCR no cuenta con el certificado ambiental, se descuenta que esta última no podrá formar parte del nuevo proceso.
En paralelo, una audiencia pública realizada en 25 de Mayo detalló el Plan de Remediación para el cierre de la concesión de PCR. El subsecretario de Hidrocarburos y Minería, Gonzalo Sondón, presentó un inventario de 137 pozos inactivos: 78 para abandono definitivo, 39 para abandono temporario, ocho clasificados como abandonos definitivos complejos y 12 en proceso de reactivación o evaluación funcional. La Provincia exigirá a PCR la ejecución de estas tareas a su exclusivo costo y bajo una garantía financiera que asegure los trabajos independientemente de su situación contractual.
Las tareas de intervención se organizaron bajo un cronograma escalonado según el riesgo técnico y la cercanía al río Colorado u otros recursos hídricos. Los 46 pozos de Criticidad A se abordarán entre junio de 2026 y junio de 2027; los 46 de Criticidad B, entre julio de 2027 y diciembre de 2028; y los 45 de Criticidad C, entre enero de 2029 y junio de 2030. Desde la Secretaría de Energía y Minería indicaron que en los últimos diez años se realizaron 28 intervenciones en pozos abandonados a través del sistema de fiscalización digital Sigih implementado en 2023. Asimismo, el director general de Gestión Ambiental, Miguel Fantini, y el técnico Lucas Andiarena aclararon que el informe ambiental no libera a PCR de sus obligaciones pendientes y confirmaron que los monitoreos en aguas subterráneas no detectaron hidrocarburos ni metales pesados.
El proceso no estuvo exento de tensiones políticas. La diputada provincial Noelia Sosa (Frejupa), exdirectora de Control de Operaciones de Hidrocarburos hasta 2023, objetó el Informe Final Ambiental al considerar que incumple las exigencias de saneamiento provinciales y denunció la falta de controles estatales suficientes. Sosa mantiene un enfrentamiento con el Ejecutivo que incluye amenazas de denuncias penales contra el gobernador Sergio Ziliotto y su gabinete, ante lo cual los ministros provinciales respondieron en un documento conjunto acusando a la legisladora de realizar operaciones políticas.
