El Gobierno demora la puesta en marcha de un cargo fijo sobre las tarifas de energía eléctrica que iba a financiar por adelantado la construcción de obras de transmisión, que le den sostenibilidad al sistema interconectado nacional y eviten los cortes de luz en todo el país, pero principalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde está el 40% de la población y de la demanda.
El esquema prevé el cobro de 2 a 3 dólares mensuales durante 24 a 36 meses a los 15 millones de usuarios del país para prefinanciar las obras. El Gobierno anterior había avanzado en un acuerdo comercial con la empresa china State Grid por u$s 1.150 millones, pero el programa “AMBA I” nunca avanzó su financiamiento vía obra pública, que hubiera tenido una tasa de interés de 3,75% anual y un período de repago de 10 años. La idea del cargo fijo es defendida por el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, y la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, y se iba a lanzar en los primeros días de diciembre. Pero el asesor presidencial Santiago Caputo, a través del vicepresidente ejecutivo de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), Mario Cairella, ordenó dar marcha atrás con la idea, después de que recibieran quejas de los gobernadores por supuestamente “favorecer al AMBA” y cobrarle las obras a todo el país. Técnicamente esa lectura es incorrecta, explican en el Ministerio de Economía. Es que aunque se localicen en el Gran Buenos Aires (GBA), las obras dotarán de confiabilidad al sistema nacional, por lo cual se verán beneficiados todos los usuarios, en cada rincón del país. Las posturas en el Gobierno difieren. Fuentes cercanas a Santiago Caputo detallan que agregar un cargo fijo es similar a crear un impuesto, “y nosotros vinimos a bajar impuestos”.
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