Argentina busca encontrar soluciones para estabilizar la economía en medio de la caída del precio del petróleo, que ha generado un impacto significativo en el sector energético.
La caída del precio internacional del petróleo ha generado incertidumbre en Argentina, especialmente en el sector energético, ya que afecta directamente el ingreso de divisas por exportaciones energéticas. El barril de crudo Brent, referencia para el mercado local, ha caído un 14% en cinco semanas, alcanzando su menor valor en cuatro años. Esto se debe a factores como el anuncio de nuevos aranceles por parte del presidente estadounidense Donald Trump y la decisión de la OPEP de aumentar su producción.
La baja del precio del petróleo podría traducirse en una merma de aproximadamente $1.100 millones en exportaciones petroleras este año, según un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI). Además, la caída en el valor de la cosecha de soja representa un impacto adicional de cerca de $2.000 millones en el frente externo. Esto adquiere particular relevancia en un contexto donde el Gobierno busca consolidar el superávit comercial devengado como ancla de su política cambiaria.
El sector energético enfrenta desafíos significativos debido a la caída del precio del petróleo. La producción de hidrocarburos en Argentina se ve afectada directamente por la coyuntura internacional, lo que dificulta la inserción estable en el mercado petrolero y el avance hacia ser un exportador neto de gas natural licuado. Los expertos advierten que la industria pierde alrededor de $2.500 millones por cada $10 que cae el precio del barril.
A pesar de los desafíos, el sector energético ha mostrado un desempeño destacado en 2024, con una producción promedio de 139 millones de metros cúbicos diarios de gas natural y 717 mil barriles diarios de petróleo. Sin embargo, el futuro inmediato del sector parece atado no solo a decisiones internas, sino también a los vaivenes de un contexto global volátil. El Gobierno argentino busca obtener un desembolso inmediato de $10.000 a $12.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para estabilizar la economía.
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