El Gobierno pagó un alto costo económico y político por los faltantes de gas en mayo y ahora quiere evitar nuevos inconvenientes. Por eso, firmó hace dos semanas un contrato con Bolivia para asegurarse las importaciones de gas a partir de agosto, durante los 45 días que no estará lista la reversión del Gasoducto Norte.
La única obra pública que sigue en marcha se demoró con el cambio de autoridades antes y después del proceso electoral, y esa tardanza generó un gran problema económico: la Argentina pagará cuatro veces más caro el combustible importado que el local (entre 18 y 21 dólares por millón de BTU desde Bolivia contra u$s 4,5 el de Vaca Muerta). La energía más cara es la que no se tiene, pero el país afrontará un costo económico grande por esta situación.
La producción de gas a nivel nacional tuvo “el mejor mayo de la historia” con 150 millones de metros cúbicos (m3) diarios, según el consultor Ariel Kogan. Es decir, la Argentina tiene la capacidad de producir más y a bajo costo, pero no lo puede transportar todavía hacia donde se necesita. Los róximos meses, la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa) cerró a mediados de junio una adenda al contrato de importación de gas con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para garantizar el abastecimiento del Norte del país a partir del 1 de agosto.
El contrato original, que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026, tuvo varias adendas. La última (octava) se prolongaba hasta el 31 de julio de 2024 y ofrecía a la Argentina combustible en condiciones firmes (no interrumpibles) a u$s 12 por millón de BTU. Como la obra necesaria para llegar a Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, que es la reversión del Gasoducto Norte, no estará lista antes del 15 de septiembre, la Argentina extendió el contrato (novena adenda) con Bolivia para garantizar el abastecimiento de gas.
Fuente: Clarín