Nacionalización petrolera en tiempos de precios altos, una tentación que se instaló en Latinoamérica

Bolivia, Ecuador y Venezuela son los ejemplos anteriores a los rumores  que recorren a la Argentina

La región ofrece distintos ejemplos de países que implementaron planes para incrementar la participación del Estado en la renta hidrocarburífera. Desde la creación de petroleras 100% estatales hasta la nacionalización de compañías existentes, pasando por la articulación entre el capital público y el privado, son varios los modelos implementados en Latinoamérica.

Por ahora el Gobierno no suelta prenda acerca de cómo terminará la embestida que mantiene contra YPF –la mayor empresa de la Argentina– desde principios de año. Algunas versiones pronostican una avanzada contra la petrolera vía Poder Legislativo, que incluiría la sanción de una ley que declarará de interés público el sector hidrocarburífero. Allegados al Ministerio de Planificación prefieren hablar de una posible compra de la mayoría accionaria de YPF para tomar el control de la compañía, que involucraría también a inversores privados. Y los más moderados sostienen que la postura oficial busca presionar a los socios de la petrolera –la española Repsol y el local grupo Petersen– para que eleven sideralmente los desembolsos en exploración y producción.

En el medio, un cúmulo de especialistas y empresarios coinciden en que si bien las turbulencias en el sector complican a la inversión, le resultará muy difícil al Gobierno explicar en términos legales una eventual toma de control de la empresa, algo que trae aparejados altísimos riesgos de juicios en tribunales locales e internacionales.

Hay toda una saga de ejemplos en Latinoamérica sobre qué puede ocurrir en el país. No es la primera vez que un Estado persigue elevar su participar en la renta petrolera, y menos cuando los precios internacionales del barril se mantienen en torno a los 100 dólares y prometen garantizar ingentes ganancias durante los próximos años.

Ahora bien, ¿son exitosos los modelos de petroleras estatales que existen en Latinoamérica? Dar una respuesta unívoca o concluyente es arriesgado. Conviene analizar cada caso en particular. La trayectoria de Petrobras, abanderada entre las operadoras de capital mixto, es una cita común entre los defensores del modelo de control del Estado, que posee un 51% del paquete accionario de la empresa (el resto está en manos de inversores privados). La petrolera se convirtió en 2011 en una de las 10 compañías de mayor capitalización bursátil del planeta: ocupó el octavo lugar en el ranking de la consultora Ernst & Young.

A partir de un constante esfuerzo en investigación y desarrollo y de enormes inversiones en exploración (el presupuesto 2011-2015 asciende a u$s 274.000 millones) Petrobras desarrolló tecnología off shore propia –utilizada para perforar campos en aguas ultra profundas, de más de 7.000 metros de profundidad– con la que descubrió en los últimos años varios yacimientos gigantes de hidrocarburos.

Ecopetrol –la empresa estatal de Colombia– busca seguir un camino similar al trazado por Petrobras. La compañía, que en 2011 alcanzó el récord histórico de producción de crudo con más de 750.000 boe/día, salió al mercado de capitales en 2007 y hoy cotiza en las bolsas de valores de Colombia y de Nueva York en forma simultánea.

Ciento por ciento estatal

A su vez, existen en la región antecedentes de gobiernos que modificaron el marco regulatorio para elevar su participación en la renta del negocio hidrocarburífero. El de Bolivia es el más cercano, en tiempo y distancia. Desde el arribo del presidente Evo Morales al poder en 2006 el Estado sancionó una nueva Ley de Hidrocarburos, monopolizó la comercialización de petróleo y de gas bajo la órbita de YPFB –la petrolera estatal– e incrementó sideralmente la carga fiscal que rige sobre el sector a partir de la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que equivale al 32% de lo facturado por las empresas.

También Ecuador sancionó en 2010 –bajo el mandato del presidente Rafael Correa– una nueva norma de hidrocarburos que modificó la forma contractual entre el Estado y las operadoras privadas. De contratos de ‘participación’ en los que las compañías se quedaban con parte del crudo extraído se pasó a otros de ‘prestación de servicios’ donde el Estado es dueño del 100% del petróleo y paga a las empresas una tarifa especial definida en función de las inversiones realizadas.

Ambos casos, tanto el boliviano como el ecuatoriano, cuentan similitudes con relación al proceso encarado por el gobierno de Venezuela, presidida por Hugo Chávez, que en 2007 puso bajo control de PDVSA –por medio del decreto 5.200– la operación de la Faja Petrolífera del Orinoco, uno de los mayores reservorios del planeta. La medida desembocó en una serie de juicios y arbitrajes internacionales contra las multinacionales que explotaban crudo en el área.

Para el ex secretario de Energía Alieto Gudagni, sin embargo, el caso argentino difiere de forma sustancial con relación a los tres anteriores. A diferencia de Bolivia, que posee un pequeño mercado interno de hidrocarburos, el parque gasífero nacional es uno de los más amplios –medido en porcentaje– a nivel mundial. Y Venezuela certificó depósitos por 297.000 millones de barriles de petróleo y amenaza con desplazar a Arabia Saudita de la cima del ranking entre los mayores reservorios del planeta. Están a “años luz” de lo sucedido aquí, donde las reservas argentinas de gas se desplomaron un 53% desde 2000 y las de petróleo un 12 por ciento.

Sin precedentes

“No existe país en el mundo que dependa tanto del gas en su matriz energética (superior al 51%) con un horizonte de reservas inferior a los 10 años”, advirtió Guadagni.

Rusia, donde el fluido explica un 53% del consumo, cuenta con recursos por 76 años, y Argelia, con un 63%, tiene un horizonte de 56 años, para citar sólo dos ejemplos.

El ex funcionario duhaldista se preguntó cómo obtendría el Estado los fondos, en el caso de una hipotética nacionalización, para financiar el presupuesto de exploración y producción de YPF (el año pasado la petrolera invirtió u$s 3.300 millones). Ese suele ser, precisamente, el talón de Aquiles de la mayoría de los procesos de estatización del negocio petrolero.

En Bolivia, por ejemplo, la producción de gas se mantuvo invariante desde 2006 en torno a los 45 millones de metros cúbicos diarios (MMm³/día). “Desde que se dictó en 2007 el decreto ‘Héroes del Chaco’ (nombre que recibió la norma que estableció la nacionalización), que ungió a YPFB como interventor del mercado, la mayoría de las empresas privadas sólo realizó inversiones para mantener la oferta. Pero congeló los planes de expansión. Según los contratos firmados, este año la oferta debería llegar a los 54 MMm³/día, pero será difícil alcanzar esa cifra”, indicó Héctor García, de la consultora Resources Energy Consulting, que presta servicios en ese país.

El Estado se queda con el 50% de la renta que genera la comercialización del fluido: el IDH representa un 32% y las regalías un 18 por ciento. A su vez, YPFB obtiene la mitad de las utilidades netas de la venta una vez descontados los costos de producción.

Venezuela, en tanto, acentuó el modelo boliviano: fijó en un 33,2% las regalías que deben pagar las petroleras que operan en la Faja del Orinoco y elevó al 50% el Impuesto sobre la Renta que pesa para los privados. Los defensores de la nacionalización resaltan que desde 2006 las reservas petroleras de Venezuela más que se triplicaron: pasaron de 80.000 millones de barriles de crudo a los actuales 297.000 millones. Pero desde la otra vereda cuestionan el alto endeudamiento de PDVSA, que en diciembre aceptó deudas por u$s 34.892 millones (un 40% más que en 2012), y la escasez de financiamiento para poner en valor los recursos de la Faja. ℗

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