Según el economista y experto energético Francisco Mezzadri

“Hay que acelerar la reorganización de los mercados del gas y la electricidad”

El fallo de la Corte Suprema que hizo dar marcha atrás con la revisión de las tarifas del gas y la posibilidad de que ocurra algo similar con el servicio eléctrico son variables que, según el especialista Francisco Mezzadri, ahuyentan a los inversores y obligan a las autoridades nacionales a profundizar la reformulación de ambos mercados.

Edición impresa № 323 | Septiembre 2016

El segmento eléctrico argentino presenta en la actualidad un escenario sumamente complejo, según la visión de un referente sectorial como Francisco Mezzadri. “La legítima preocupación por la recomposición tarifaria como modo de normalizar los precios de la electricidad y del gas, y de reducir la incidencia de los subsidios en el déficit fiscal, ha desplazado la necesidad urgente de reorganizar los mercados mayoristas de cada uno de esos productos, a pesar de que el precio resultante es parte esencial –no sujeta a audiencias– de la tarifa final de esos servicios”, explica en diálogo con este medio.

A su criterio, el Gobierno nacional entendió que en el caso del gas tenía facultades para sustituir ese precio por la estimación de un valor que promoviera la inversión. “Al serle cuestionada tal facultad por la Corte Suprema, lo que debió ser un precio mayorista resultante de la operación de mercados de acceso libre y operatoria regulada por el Estado se ha convertido en un problema de raíz política sujeto a los vaivenes de audiencias públicas”, advierte.
El precio mayorista estimado, apunta, se ha confundido con la tarifa total. “La burocracia más las audiencias públicas ahuyentan la iniciativa privada de inversión”, remarca. Desde su perspectiva, el gradualismo no debe afectar los precios mayoristas, sino que “debe surgir de la estructura de subsidios explícitos a la demanda que proponga el Poder Ejecutivo en el Presupuesto que apruebe el Congreso, tal como dispone la ley”.

Mezzadri: “Lo que debió ser un precio mayorista resultante de la operación de mercados de acceso libre y operatoria regulada por el Estado se ha convertido en un problema de raíz política sujeto a los vaivenes de audiencias públicas”

 

Si el cuestionamiento en el caso eléctrico siguiera la misma suerte judicial que en el caso del gas natural, acota, el tema se tornaría aún más complejo, dada la pronunciada estacionalidad de su precio. “En febrero de este año, el valor de referencia del megawatt por hora (Mwh) se estableció en u$s 51 hasta abril, pero a principios del invierno el costo de generar era de u$s 66 por Mwh y el costo de referencia no se había modificado”, puntualiza.

Problema político

Mezzadri considera que el sector enfrenta un problema político que podría resolverse con una transición acordada o aprobada en audiencia pública, pero el Gobierno debería tender rápidamente a recrear condiciones operativas de mercado. “En ese sentido, el problema en el segmento eléctrico generador es que no sólo las unidades existentes siguen siendo remuneradas con el esquema de intervención dispuesto en 2013, sino que tanto la incorporación licitada de urgencia de nuevas unidades térmicas como la licitación de proyectos de generación no convencional, con fuertes estímulos especiales, han dependido de la iniciativa estatal y de inusuales garantías que redujeron el riesgo privado (entre ellas, la fijación de sus precios a largo plazo). Así, las tecnologías inaugurales no competirán en la formación de precios”, sostiene el experto, que fue presidente de la firma energética CMS Energy en la Argentina.
No obstante, juzga interesante recordar para el futuro que en Chile, por ejemplo, el precio promedio de la última licitación de energías no convencionales fue de u$s 47,5 por Mwh. “La cifra, que es un 63% menor que hace tres años, se sitúa por debajo de los precios esperados para las recientes licitaciones argentinas”, completa.

Una clara señal

La Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció –en su considerando 20 del fallo del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) contra el Ministerio de Energia y Minería– que la producción y comercialización del gas no es una actividad regulada y que no está calificada en la ley como servicio público. De acuerdo con Mezzadri, éste es –de por sí– un reconocimiento a la vigencia del concepto de mercado para la determinación del precio mayorista del gas.
“La Ley de Gas prevé, por otra parte, la supervisión del Enargas en cuanto a la preservación de la competitividad del precio mayorista que se transfiere a la tarifa total o final. Más aun, la Corte apela al Decreto 181/2004 porque juzga que con él el Estado dejó de lado la desregulación, y recalca que éste proponía un esquema de intervención normalizadora del precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), hasta que se reencauzara la actividad y se llegara, nuevamente, a precios que debían resultar de la libre interacción de la oferta y la demanda”, precisa.
Aunque el recuerdo a la legislación de fondo del sistema del gas natural, asegura, tiene un sentido positivo, ha resultado opacado en la comprensión política y en las expectativas de los inversores por el presunto rol futuro de las audiencias públicas. “El énfasis de la Corte en sostener la institución de las audiencias públicas podría dar sustento, según algunas interpretaciones, al cuestionamiento futuro de los precios mayoristas del gas o la electricidad, y a los precios de los contratos que determinara el mercado”, señala.
Técnicamente, agrega, lo cierto es que la propia Corte ha dicho en las condiciones actuales –donde es el Estado quien estima el que sería el precio mayorista– que parece razonable entender que, hasta el momento en que efectivamente el precio del gas en el PIST se determine sobre la base de la libre interacción de la oferta y la demanda, su análisis se efectúe conjuntamente con la revisión de tarifas. “Para la revisión, como ya se dijo, es necesaria la celebración de una audiencia pública”, destaca.
El fallo de la Corte, en definitiva, constituye una clara señal al Gobierno sobre la necesidad de actuar en una dirección concreta. “La de acelerar el proceso de reorganización de los mercados del gas y la electricidad”, concluye. ©

 

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