Diálogo con Guillermo Pedoja, presidente de la Cámara Empresaria de Medio Ambiente (CEMA)

“Es imperativo vincular los aspectos sociales con el desarrollo de proyectos en el país”

El impacto social de los emprendimientos productivos que se instalan en la Argentina conduce a un nuevo paradigma: considerar desde el principio de los proyectos a los grupos de interés asociados y contar con su consentimiento para llevarlos a cabo. Es lo que se conoce como licencia social, un concepto que crece lentamente y llama a redoblar esfuerzos, aseguran desde la CEMA.

Edición impresa № 324 | Octubre - Noviembre 2016

Todo nuevo emprendimiento que se instala en algún punto del país tiene grupos de interés a los cuales afecta en forma directa o indirecta, como las comunidades cercanas y otros actores sociales y económicos que conforman el pensamiento de la zona respecto del proyecto en cuestión. Por eso desde la Cámara Empresaria de Medio Ambiente (CEMA) están promoviendo lo que se conoce como licencia social. Se trata del consentimiento o permiso que dan los grupos de interés asociados a cualquier proyecto para que éste se lleve a cabo y se mantenga.
“La licencia social no es algo que se dé de manera formal. No es el Poder Ejecutivo ni otro poder del Estado quien la entrega sino los grupos de interés que consienten determinada actividad en su zona de influencia porque entienden que hay un intercambio beneficioso para ellos”, explica Guillermo Pedoja, presidente de la CEMA.

Señales de alerta

A decir del directivo, hace tiempo que la comunidad está cada vez más interesada y formada en los temas que la puedan afectar. Allí se incluyen muchas organizaciones no gubernamentales y civiles que agrupan a esos cuerpos de interés, que incluso ya empiezan a especializarse según el tipo de actividad. “Entre las cosas que de a poco se nos fueron incorporando se pueden mencionar algunos ejemplos interesantes: en lugar de hablar de minería a cielo abierto hablan de megaminería metalífera, incorporando el concepto asociado del cianuro, lo cual es un frente de batalla que plantean; cuando se habla de la industria de Oil & Gas se hace referencia a los yacimientos no convencionales y al uso del fracking, lo cual es otro frente de pelea; al hablar del campo se hace mención a la soja transgénica y al paquete de agroquímicos en lugar de hablar de organismos genéticamente modificados y fitosanitarios. Y la lista sigue. Cada gran grupo económico o actividad empieza a tener del otro lado una serie de organizaciones que ponen esos títulos y cada vez más generan una percepción de riesgo en la sociedad que enciende una alerta y provoca preocupación, muchas veces genuina, y que obligan a quienes desarrollan proyectos, al Estado argentino y a todos los interesados en el desarrollo del país a estar muy atentos y a considerar desde el principio de los proyectos que hay grupos de interés a los cuales hay que entender y considerar y que posiblemente escuchándolos haya que modificar parte del emprendimiento para que se ajuste”, detalla Pedoja.

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Pedoja: “El tema requiere un cambio cultural en la industria, en la política y en la gente que recibe los proyectos”

Una obligación de todos

Según explica el titular de la CEMA, el problema central es que no hay un marco regulatorio para la licencia social. Por eso la entidad lo puso en el eje central de su trabajo para 2016 con vistas a generar una buena práctica de referencia que pueda ser armada entre distintos grupos de interés (organizaciones ambientalistas, empresarias y gubernamentales) sobre casos hipotéticos para evitar conflictos. “Tomamos contacto con las autoridades para avanzar en el tema. Tanto desde la Secretaría de Fiscalización del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación como desde el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible coincidieron en que no tienen una forma sistemática de abordar el aspecto social vinculado a los proyectos del territorio, y admitieron que la mayor cantidad de problemas y barreras con las que se están encontrando se relaciona con la falta de licencia social en las áreas de interés y no con los temas ambientales: éstos pueden resolverse puntualmente debido a que existe un marco legal y las tecnologías adecuadas”, ilustra Pedoja. “Sucede que cuando hablamos de licencia social, que involucra conocer el territorio y cuáles son los grupos de interés vinculados a cada proyecto así como sus necesidades y problemas, no existe ninguna base de información al respecto y no se está haciendo ningún relevamiento en forma sistemática. También anunciaron que están creando un gabinete social para empezar a atender estos temas y a vincular su acción territorial con los aspectos sociales relacionados al tema ambiental”, completa.

A paso lento

A mediados de septiembre, la CEMA llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires el 7° Encuentro sobre estrategias ambientales, titulado “El imperativo de la licencia social y ambiental para el desarrollo del país”. “Tanto funcionarios como organizaciones e instituciones de las más importantes del país a nivel gestión y control ambiental y social reconocieron que están lejos del problema; que no están orgánicamente armadas para tratar el tema, que no tienen un abordaje sistemático del problema y que comparten la necesidad de bajar línea sobre el asunto y ponerlo en la agenda para avanzar”, revela Pedoja. “Eso nos llevó a plantear un programa de desarrollo hacia adelante entre todos los actores involucrados y armar una mesa de diálogo para ver si podemos generar un protocolo. También propusimos hacer, una vez desarrollado el método, casos piloto; es decir, ir a distintos territorios y poner en funcionamiento el protocolo para ver si lo podemos validar. Sucede que si no logramos este cambio de mentalidad, no insertamos el tema dentro de las prioridades y no le asignamos recursos y tiempo, nos van a seguir sorprendiendo situaciones no deseadas como las que estamos viviendo y nos agarrará conceptualmente desarmados”, asegura.
Según la visión del ejecutivo, sin los suficientes trabajos de base, diálogos previos y generación de confianza no será posible avanzar. “Si a la gente de una comunidad no le damos respuestas o no cree en ellas, tiene todas las de ganar para que se detengan los proyectos”, advierte.

Hacia un cambio de paradigma

A principios de este año, la CEMA contrató a un grupo de expertos para realizar un diagnóstico del tema tanto en el territorio argentino como en el exterior a partir de la búsqueda de casos, regulaciones e instituciones avanzadas en ese sentido. Por eso convocó a su encuentro anual al Banco Mundial para que exponga sobre sus criterios, políticas y régimen de salvaguardas ambientales y sociales a fin de otorgar sus créditos. Desde la entidad precisaron que, sobre la base de miles de consultas realizadas a distintos grupos de interés, decidieron modificar su política incluyendo los temas ambientales y sociales en los proyectos a partir de 2018. “Se trata de un proceso moderno que están tomando muy en serio. No quieren prestar plata a aquellos proyectos con problemas ambientales o sociales, primero por una razón ética y luego por una cuestión práctica, ya que no desean que los emprendimientos se detengan por no gozar de licencia social. En definitiva, el tema requiere un cambio cultural en la industria, en la política y en la gente que recibe los proyectos”, admite Pedoja.

Primero la gente

A entender del presidente de la CEMA, para encontrar soluciones tienen que sentarse todos en la mesa y comprender que hay consecuencias en las decisiones. “Si queremos que los proyectos se hagan, que es el objetivo de todos, todas las partes deben hacer un cambio cultural, y este concepto mágico, que es la licencia social, tiene que empezar a conducirse a través de procesos conocidos”, precisa. “Por eso es importante transitar al menos por algún protocolo de intercambio y comunicación que permita darle las mejores chances al proyecto. En esa dirección, desde la cámara estamos tratando de colaborar para que a través de un grupo de instituciones se logre armar un protocolo de referencia a fin de plantear un debido proceso con la gente desde el inicio. Tenemos muchas propuestas desde lo técnico y lo ambiental como para mejorar ese procedimiento. Arrancamos haciendo un diagnóstico que publicaremos antes de fin de año. Creemos que el tema es tan nuevo como cambio de paradigma que está en la cabeza de algunas personas que han trabajado el tema, lo han vivido y han tenido experiencias positivas y negativas en el ámbito social que pueden transmitirnos”, explica el directivo. Y asegura que se trata de un proceso largo y difícil a fin de generar confiabilidad, que es la llave de todo, según sus palabras. “Cuando se empieza a relevar el asunto, se puede apreciar la magnitud que tiene el hecho de vincular los aspectos sociales con el desarrollo de proyectos en el país; es abrumador. Sin embargo, no hemos tomado suficiente conciencia. No encontramos un marco regulatorio, por lo que debemos trabajar sobre eso. Es un gran esfuerzo. Y la cámara empezó a meterle muchas fichas porque creemos que es bueno para el desarrollo del país”, concluye Pedoja. ©

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