“De no mediar cambios, se viene una gran crisis en la industria del biodiesel”

Según Claudio Molina, director ejecutivo de la AABH

La Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno vislumbra tiempos sumamente turbulentos para el sector. De acuerdo con el titular de la entidad, Claudio Molina, está en riesgo ni más ni menos que la continuidad del Programa Nacional de Biocombustibles.

La reciente decisión de la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo (UEIM) de reducir los precios del biodiesel que se comercializa en el mercado interno y aumentar los derechos de exportación (desde un 5% hasta un 13,2%) no pasó desapercibida para Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno (AABH).

Desde su perspectiva, la resolución está “cargada de condimentos subjetivos”. “Puede tener un fundamento parcial, pero lejos está de ser representativa de la situación de la industria exportadora de biodiesel, que se halla en niveles productivos mínimos, luego de que la demanda internacional voluntaria del recurso (que permitió el año pasado llevar la producción y exportaciones de biodiesel a cifras récords) cayera de manera muy significativa por la abrupta reducción del precio del petróleo y sus derivados”, resalta el especialista.

Por estos días, indica, se presenta la posibilidad de atender negocios de exportación de biodiesel a Estados Unidos que ayudarán a mejorar un poco la utilización de la capacidad instalada, pero no solucionarán el grave problema que hoy padece la industria exportadora. “Mientras tanto, la UEIM aumenta sustancialmente y con carácter retroactivo los derechos de exportación del biodiesel”, se queja.

Desde hace mucho tiempo, acota, la industria exportadora solicitó a la Dirección General de Aduanas, la UEIM y la Secretaría de Energía que instrumenten todos los medios posibles para ampliar los plazos de los permisos de embarque, desde los actuales 30 días en vigencia, y puedan fijarse los derechos de exportación con pago anticipado de éstos al momento del visto bueno de embarque. “Bajo las actuales condiciones viene siendo muy difícil, sino imposible, operar comercialmente. Sin embargo, este pedido nunca fue respondido. Al contrario, la variabilidad que presenta la alícuota de derechos de exportación del biodiesel aumentó con el paso del tiempo, lo que se tradujo en una respuesta opuesta a las necesidades del sector”, lamenta.

Sin transparencia

A decir de Molina, el Decreto 1.719/12 establece un régimen de fijación de precios para el mercado interno y derechos de exportación del biodiesel, con publicación quincenal. “En la práctica, esto se conoce como régimen de retenciones móviles. Además de ser inconstitucional, el propio Poder Ejecutivo no cumple con esta norma. La UEIM establece los precios y las alícuotas de derecho de exportación con carácter retroactivo, en muchas ocasiones con atrasos de más de tres meses”, señala.

Según sus palabras, las decisiones de la UEIM se instrumentan en actas que no se publican en el Boletín Oficial, hecho incompatible con un régimen democrático, ya que se trata de actos públicos que no pueden considerarse reservados. “Con anterioridad a junio de 2014, las alícuotas de derechos de exportación del biodiesel no están publicadas. Entre octubre de 2012 y mayo de 2014, los exportadores se enteraban de cuál era la que correspondía al oficializar el permiso de embarque, hecho por demás injusto y no ajustado a derecho”, apunta.

Desde junio de 2014, aclara, las alícuotas son publicadas en el sitio web de la Secretaría de Energía, pero no en el Boletín Oficial. “Como la consecuente comunicación a la Dirección General de Aduanas también se efectúa por parte de la UEIM en forma retroactiva, los exportadores afrontan que la alícuota a la que se oficializó el respectivo permiso de embarque sea distinta de la finalmente fijada, hecho que genera contingencias de alcance difícil de cuantificar”, advierte.

Al no hacer públicas sus actas, afirma, la UEIM no transparenta la metodología para determinar los referidos derechos de exportación. “Si uno analiza la evolución de éstos, a la luz de la situación del mercado de biodiesel en cada momento, resulta muy difícil justificar las variaciones que ha registrado la alícuota”, completa.

Escenario peligroso

De acuerdo con Molina, el precio interno obligatorio para las ventas de biodiesel a las compañías petroleras que efectúan el corte con gasoil mineral, como así también para el segmento de generación eléctrica, derivado del cumplimiento del artículo 7 de la Ley 26.093, no es representativo de la economía de las firmas, en un contexto de constante y creciente suba de costos. “Mientras las pequeñas y medianas empresas, y las grandes productoras no integradas ya pararon sus actividades o están al borde del paro –porque el precio que les fija la UEIM no alcanza a cubrir los costos–, las de mayor porte e integradas con fábricas de aceites, que prácticamente no reciben cupo para operar en el mercado interno por parte de la Secretaría de Energía, deben enfrentar precios más bajos que el resto, que desde siempre fueron insuficientes e imposibilitan la fluidez en su oferta”, describe.

Este valor, agrega, es obligatorio para las operaciones con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), cualquiera sea la categoría de las empresas oferentes de biodiesel, y no está cubriendo los costos variables de producción (ni mucho menos los fijos), en un escenario con una muy baja utilización de capacidad instalada. “O sea que la convocatoria efectuada por dicha entidad es más abstracta que real, ya que las condiciones de calidad más rigurosas establecidas en el pliego de condiciones y el bajo precio al que deberán ajustarse las ofertas de los productores de biodiesel interesados atentan contra el cumplimiento efectivo de la obligación de uso de biodiesel en el segmento eléctrico”, explica.

Como si todo esto fuera poco, asegura que se registra un aumento de la marginalidad por parte de agentes económicos que aprovechan tanto la coyuntura del mercado interno de combustibles como la debilidad en la función de contralor que muestra la Secretaría de Energía, posiblemente por los escasos recursos con los que cuenta. “En suma, de persistir todo esto a corto plazo la industria argentina de biodiesel va camino a una crisis de proporciones nunca antes conocidas, lo que pone en riesgo la continuidad del Programa Nacional de Biocombustibles”, concluye el directivo. ℗

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